El Partido Socialista de Calahorra ha denunciado que, según consta en el expediente sancionador abierto a la empresa Burcor Producciones, promotora de los festivales Holika y Gran Reserva, la arquitecta municipal advirtió por correo electrónico que no podían iniciarse las obras en el entorno del río Cidacos sin contar con las autorizaciones correspondientes.
El PSOE ha salido al paso de las declaraciones del concejal de Izquierda Unida, Óscar Moreno, quien aseguró que la empresa habría actuado siguiendo indicaciones verbales de una técnico del área de Urbanismo. Los socialistas sostienen que esa afirmación es «falsa de toda falsedad» y recuerdan que existen comunicaciones escritas que demuestran lo contrario.
Según la documentación citada por el grupo socialista, la arquitecta municipal envió varios correos electrónicos en los que advirtió expresamente de la necesidad de solicitar permisos y autorizaciones antes de iniciar cualquier tipo de actuación en la parcela situada junto al Cidacos.
Para los socialistas, estas pruebas contradicen de manera directa las declaraciones de Óscar Moreno, quien durante el pleno extraordinario celebrado el lunes aseguró que Burcor Producciones había actuado «por indicaciones de una técnico municipal».
El grupo socialista considera «intolerables» las manifestaciones del concejal de Izquierda Unida y sostiene que, con sus palabras, estaría atribuyendo «la comisión de un presunto delito de prevaricación a una funcionaria pública sin tener ninguna prueba».
«El señor Moreno está tratando de proteger a la alcaldesa Mónica Arceiz y al concejal de Urbanismo Antonio Mazo, culpando a los técnicos municipales de una decisión que corresponde al equipo de gobierno», aseguran desde el PSOE, que califican la actuación del edil como «una cortina de humo» para desviar la atención sobre lo ocurrido.
Además, los socialistas reprochan al concejal de IU haber reconocido que asistió a reuniones con la empresa Burcor en representación de la misma, algo que consideran «preocupante» por el conflicto de intereses que puede implicar. «Resulta inaceptable que un representante público defienda los intereses de una empresa privada en asuntos municipales», añaden.
