El Consejo de Gobierno de La Rioja ha aprobado este martes el proyecto de ley de simplificación administrativa, que potenciará la captación de inversiones, reducirá la burocracia y modernizará la gestión pública para impulsar la competitividad económica y la creación de empleo.
También convertirá a La Rioja en una de comunidades más ágiles y con mayor calidad normativa de España en esta materia, ha afirmado el portavoz del Consejo de Gobierno, Alfonso Domínguez, en una rueda informativa.
El texto normativo, que se prevé que entre en vigor en enero de 2026 tras su remisión este martes al parlamento regional, facilitará la instalación de empresas de otras comunidades autónomas en La Rioja al no exigírseles permisos o licencias que ya tengan en sus lugares de origen, ha precisado.
La norma pone el foco en los ciudadanos, en las empresas y en los operadores económicos y dota de rango legal a la mayor transformación interna emprendida por la Administración autonómica en su historia, ha asegurado, con el fin de reducir trámites, agilizar los procedimientos y ofrecer unos servicios públicos más cercanos, eficaces y transparentes.
Domínguez ha detallado que este proyecto de ley responde a la necesidad de contar con un marco normativo moderno ,que impulse la competitividad económica, fomente la inversión y refuerce la confianza de la sociedad en la Administración riojana.
Se ha huido de fórmulas vacías de contenido y se ha optado por el establecimiento de obligaciones concretas e instrumentos técnicos precisos que aseguren su eficacia normativa real y efectiva para la consecución de un sector público más ágil y eficaz al servicio del interés general.
Para Domínguez, esta ley supone un antes y un después en el modo de relacionarse con la Administración para que la ciudadanía y las empresas encuentren una Administración autonómica más ágil, sencilla y cercana, capaz de generar confianza y de acompañar el crecimiento económico de La Rioja.
Mercado abierto
Entre las principales medidas previstas, ha citado su apuesta por garantizar la libre circulación y establecimiento -mercado abierto- en la comunidad de compañías de otras regiones, sin necesidad de acreditar los requisitos previstos en la normativa autonómica de La Rioja mediante el reconocimiento automático de licencias u otras validaciones otorgadas en la comunidad de origen.
El plazo general para resolver será de 3 meses y se impulsa el silencio administrativo positivo como regla general y la sustitución de licencias y autorizaciones previas.
El texto también introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación, que podrán validar la documentación presentada ante la Administración, que deberá aceptarla como completa y adecuada.
Domínguez ha detallado que el proyecto de ley refuerza la transformación digital de la Administración riojana con nuevas funcionalidades en la carpeta ciudadana y mayor proactividad en la atención.
Se prevé la puesta en marcha de una plataforma de gobernanza de datos para compartir información entre órganos de la Comunidad Autónoma y, así, reducir trámites a ciudadanos y empresas.
También regula el uso de actuaciones administrativas automatizadas, la inteligencia artificial y la robotización aplicadas a la simplificación.
