El próximo 9 de septiembre los colegios riojanos estrenarán curso con un nuevo decreto de convivencia que sustituye al aprobado en 2022 por el Ejecutivo de Concha Andreu. El texto llega rodeado de matices: quienes lo ven como un avance destacan la clarificación de las sanciones y un mayor protagonismo de las familias, mientras que sus detractores lo consideran un documento continuista, con buenas intenciones pero con escaso recorrido práctico. Lo cierto es que la norma mantiene elementos clave del decreto anterior, como las aulas de convivencia, y vuelve a situar en el centro del debate cuestiones sensibles: la autoridad del profesorado, las expulsiones y la falta de recursos en los centros.
Uno de los puntos más polémicos del decreto de 2022 fue el famoso artículo 53, interpretado por sindicatos de docentes como una disposición que “criminalizaba” al profesorado. Ese choque inicial marcó su recepción pública y generó un clima de desconfianza hacia una norma que, en realidad, ya contemplaba la posibilidad de expulsar a alumnos en determinadas circunstancias, aunque sin el nivel de concreción que ahora se ha introducido. La nueva versión no cambia el fondo, pero sí explicita de forma detallada los supuestos que pueden derivar en sanción: desde las faltas injustificadas de puntualidad hasta el uso indebido de dispositivos electrónicos, pasando por actos de indisciplina o la grabación de imágenes sin consentimiento.
Otro de los aspectos que más polémica generó en torno al decreto anterior fue la ausencia de una mención explícita a la autoridad del profesorado. Ese silencio normativo llevó a algunos sectores a interpretar que el texto dejaba en entredicho el papel del maestro dentro del aula. Sin embargo, en la práctica, esa autoridad ya estaba reconocida por la legislación educativa nacional desde la Ley Orgánica de Educación (LOE), una norma de rango superior que se impone sobre cualquier regulación autonómica. En otras palabras: aunque el decreto riojano no lo detallara, la consideración del docente como figura de referencia y con autoridad en el proceso educativo nunca dejó de estar garantizada.
Pedro Antolín, portavoz de la Federación de Enseñanza de CCOO y de la Plataforma por la Escuela Pública, define el decreto como “claramente continuista; no es un corta y pega pero casi”. En su opinión, las novedades más palpables están en la lista de conductas sancionables, que buscan despejar dudas entre las familias, muchas de las cuales mantenían la idea equivocada de que antes no era posible expulsar a un alumno. “La diferencia es que ahora se detallan los motivos, pero la herramienta ya existía”, resume. Lo que sí valora como positivo es la mayor implicación que se otorga a las familias en la vida del centro. Lo negativo, en cambio, sigue siendo la ausencia de recursos humanos: faltan orientadores, profesores de Pedagogía Terapéutica, educadores sociales o psicólogos.
La carencia de medios aparece una y otra vez en los testimonios de la comunidad educativa. La crítica recurrente es que el decreto no prevé ni horas específicas de formación para el profesorado ni tiempo para la resolución de conflictos. Las aulas de convivencia se mantienen, pero sin una figura claramente definida que se responsabilice de ellas. Tampoco se ha generado el clima de diálogo que muchos reclamaban. «No han contado con los profesores ni con los alumnos para su redacción».
Además, la interinidad es otro de los problemas que surgen al hablar de convivencia. Con más de 400 docentes incorporándose el mismo día que los alumnos, sin conocer aún su grupo de trabajo, añade un problema estructural que este decreto no aborda. A ello se suma la “zona única” escolar, que según Antolín está provocando una segregación encubierta: mientras algunos centros públicos concentran una alta proporción de alumnado inmigrante, los concertados presentan una realidad mucho más homogénea.
Estas son las demandas también de UGT. Carmen Fernández es clara al respecto. «Se nos había planteado como un cambio radical y no lo es», dice. «Las novedades que se reflejan como la autoridad del profesor o la asistencia jurídica ya estaban incluidas en leyes orgánicas y la única novedad real está en el artículo 4 con las actuaciones correctoras que tienen un aspecto más punitivo pero también en casos excepcionales».
Desde el sindicato apelan también a la falta de debate en la mesa sectorial. «Nos lo hemos encontrado de repente publicado en el BOR» y a la carencia de recursos. «Si no tenemos profesionales que se dediquen a estas tareas de convivencia esto va a ser papel mojado». Además asegura que la interinidad tampoco ayuda. «Te encuentras a un montón de compañeros que empiezan el mismo día que los alumnos y que no han podido trabajar en conocer a fondo las necesidades del grupo».
Porque la diversidad es enorme en las clases riojanas. A las diferentes realidades de los alumnos se une el gran número de jóvenes inmigrantes que en muchos casos no tienen el idioma asentado. Según datos recopilados por El País, La Rioja es la tercera provincia con mayor número de porcentaje de alumnos de origen extranjero por detrás de Alicante y Lérida. Pero la región se coloca en el primer puesto de alumnos extranjeros en colegios públicos con un 26,4 por ciento frente al 15,2 por ciento que acuden a colegios concertados.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA Rioja), Esteban García defiende que el decreto mantiene elementos valiosos del anterior, especialmente en materia de prevención. Según subraya, las aulas de convivencia y las comisiones internas han demostrado ser herramientas útiles para mediar y solucionar conflictos sin recurrir a medidas más drásticas. Sin embargo, lamenta que el nuevo texto siga siendo demasiado general y deje demasiadas decisiones en manos de los equipos directivos, lo que puede generar desigualdades entre centros. “Se debería explicar mejor a familias y alumnos, porque ellos no han participado en su elaboración”, añade.
El trasfondo del debate conecta con una preocupación mayor: la salud mental de los jóvenes. Profesores y padres coinciden en que el incremento de problemas emocionales en las aulas requiere una respuesta coordinada que supere lo educativo y se apoye en la sanidad pública. Psicólogos, psiquiatras infantiles y programas de prevención siguen siendo deficitarios, mientras el decreto apenas roza estas cuestiones. Así, lo que debería ser un marco normativo para favorecer la convivencia acaba pareciendo un catálogo de sanciones sin el soporte humano necesario para aplicarlas con eficacia.
En definitiva, el nuevo decreto de convivencia ha heredado gran parte de la estructura del aprobado en 2022, limando algunos aspectos polémicos y dotando de mayor precisión a las sanciones. Pero el grueso de la comunidad educativa coincide en señalar que los problemas de fondo siguen intactos: falta de recursos, exceso de interinidad y escaso diálogo previo. La convivencia escolar, reconocen, no se resolverá solo con artículos en un boletín oficial, sino con una apuesta firme por reforzar los equipos, dotar de estabilidad al profesorado y acompañar a las familias en la tarea de educar. El tiempo dirá si esta norma logra ir más allá del papel.
