El Gobierno de La Rioja ha planteado a Aena la necesidad de doblar la plantilla de bomberos del aeropuerto de Agoncillo para cumplir la normativa establecida para aviones de mayor tamaño, en general los que realizan vuelos regulares internacionales.
Así lo ha explicado el consejero de Infraestructuras, Daniel Osés, para responder a una pregunta en el Parlamento de La Rioja hecha por el diputado de Vox, Héctor Alacid, que ha considerado que «aunque el aeropuerto falla más que una escopeta de feria con un solo vuelo, ahora se sacan de la chistera un contrato para vuelos internacionales».
El consejero ha incidido en que, por un lado, el vuelo a Madrid «tiene a veces incidencias técnicas, en una infraestructura que es de titularidad estatal» y «si Aena no toma medidas, el problema seguirá» porque «para que puedan aterrizar determinados aviones se necesita cambiar la categoría del aeropuerto y que tenga seis bomberos más» el doble que ahora, ha especificado.
Por otro lado, Osés ha respondido a una pregunta sobre la situación generada por un desprendimiento en Arnedillo y ha recalcado que «se trabaja de lunes a domingo para crear un desvío alternativo, mediante una gran obra de ingeniería» y «se van a destinar todos los recursos necesarios para abrir ese paso y luego el de la carretera que ha quedado cortada».
Menores entregas a cuenta desde el Estado
El centro de Inteligencia del Español va a contar con dotaciones de vanguardia y va a convertir a La Rioja en líder en este campo ha explicado el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, que a una pregunta del socialista José Ángel Lacalzada, ha asegurado que el actual Gobierno ha hecho en esta iniciativa «más en 20 meses que el anterior en años, porque solo dejaron un folio en blanco».
El propio Domínguez, en otra pregunta parlamentaria, ha explicado que La Rioja cerró 2024 en equilibrio presupuestario, con un déficit de 4,3 millones de euros, a pesar de que estuvo 9 meses con entregas a cuentas del Estado sin actualizar; 2025 es, ha dicho, «el doble de complejo» porque «porque no va a haber presupuestos del Estado y por eso recibimos 17 millones de euros al mes de menos» lo que «pone en serio riesgo prestar los servicios públicos».
El consejero del que depende la Cooperación al Desarrollo, José Luis Pérez-Pastor, ha defendido que «se dedica más dinero que nunca» a ese concepto, en concreto 18 euros por habitante, la tercera cifra mayor de España; esta afirmación respondía a una pregunta de la socialista Ana Belén Martínez que ha acusado al Ejecutivo regional de recortar partidas de cooperación para llevarlas a otros departamentos.
Derecho a la misma atención sanitaria
La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha defendido que los mayores y dependientes que están en centros residenciales «tienen el mismo derecho» que el resto de la población a recibir «la misma atención sanitaria» por lo que se ha iniciado el proyecto de adscribir esos centros residenciales a centros de salud.
Martín ha intervenido así ante una interpelación de Henar Moreno, de IU, que ha reprochado a la consejera las elevadas listas de espera en residencias y la falta de profesionales sanitarios en centros de discapacidad, en Fuenmayor, y personas vulnerables, en Lardero.
Martín ha tachado esas afirmaciones de «populismo y manipulación» y ha defendido el trabajo de su departamento «sin titulares, teatros o utopías» para corregir «la descordinación absoluta entre Salud y Servicios Sociales» de la pasada legislatura.
