Una auditoría externa realizada por KPMG ha confirmado las irregularidades en la adquisición de mascarillas que el Gobierno de La Rioja realizó en 2020, según ha publicado el diario La Razón. El informe detalla que el Ejecutivo popular actual, presidido por Gonzalo Capellán, dispone de seis meses para intentar recuperar parte de los tres millones de euros invertidos en esta compra realizada entonces por el Gobierno de Concha Andreu.
La auditoría confirma que las mascarillas adquiridas, destinadas a ser quirúrgicas, no cumplían con los estándares mínimos para prevenir COVID-19 como estaba estipulado en el contrato. La empresa arnedana Arneplant distribuyó unidades que no se consideran quirúrgicas, lo que constituye un incumplimiento del contrato que podría justificar la resolución del mismo según la legislación vigente.
Además, el informe resalta que fue la Directora de la Fundación Riojana para la Innovación (entonces Nuria San Servando) la que realizó un informe justificativo de «la necesidad y la situación de emergencia» para realizar el contrato de las mascarillas y que Arneplant incumplió «los términos del contrato de suministro, pues el material entregado no reunía los requisitos para ser considerado como mascarilla quirúrgica, conforme expresamente se exponía en la Resolución por medio de la cual se procedió a su contratación por la vía de emergencia».
Dado que el contrato finalizó hace casi cuatro años, la auditoría señala que no es viable resolver el contrato por vía administrativa debido al riesgo de obtener una sentencia desfavorable. Sin embargo, se recomienda reclamar daños y perjuicios a Arneplant por el incumplimiento del acuerdo. El plazo para iniciar este proceso es de cinco años desde la recepción del último suministro, que se remonta al 8 de septiembre de 2020.
El Gobierno de La Rioja tiene todavía seis meses para proceder con la reclamación de los gastos asumidos por el mal uso del material adquirido. Esto incluye costos de transporte, almacenamiento y acciones para corregir el incumplimiento, como la adquisición de mascarillas alternativas o la eliminación de las defectuosas.
El portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, explicó en marzo del año pasado que se había encargado esta auditoría para verificar el cumplimiento normativo en la operación de compra de cinco millones de mascarillas, por algo más de tres millones de euros. Este consideraba que era susceptible de haberse hecho con «malas prácticas» e «indicios de irregularidad».
Tras los análisis internos realizados, el Ejecutivo regional constató que la aceptación del material, valorado en 3.080.000 euros, no siguió los cauces habituales, puesto que fue recepcionado por personal de la Fundación Riojana para la Innovación (FRI) y no por el del SERIS. Parte de estas mascarillas, además, nunca llegaron a ser empleadas una vez contrastado que no eran adecuadas para el uso sanitario, y permanecen guardadas en un almacén en Arrúbal.
