Recientemente hemos conocido unos hechos deleznables por los cuales todavía no se han depurado responsabilidades: las denuncias que en 2018 y 2022 interpuso Servicios Sociales por la explotación sexual que habían sufrido varias niñas bajo la tutela del Gobierno de La Rioja. Aunque en la última denuncia tenemos la constancia de que son cuatro, lo cierto es que hay al menos siete menores tuteladas que han sido explotadas sexualmente en nuestra comunidad con absoluta impunidad. Desde Feministas de La Rioja cuestionamos esa cifra, ya que nos tememos que son muchas más. Como sabemos, dar el paso a denunciar es tremendamente difícil, y aún más cuando se está en una situación de vulnerabilidad extrema, como es ser menor de edad y estar bajo la tutela del Estado. Compartimos esta carta abierta con la intención de denunciar varios asuntos.
En primer lugar, debemos señalar que no es un problema nuevo, pero estamos hablando hoy de ello porque ha estallado un escándalo en nuestra provincia, tal y como ocurrió en Mallorca y en muchas otras regiones. El caso de Mallorca fue un escándalo que salió en prensa, y desde entonces se ha empezado a hablar mucho más del tema. Sin embargo, vemos necesario definir y proporcionar una conceptualización más adecuada de esta problemática a la prensa, para dejar de normalizar y minimizar lo que está ocurriendo y, por el contrario, empezar a magnificar la realidad de la explotación sexual infantil en estos centros.
Como ya hemos comentado, en nuestro país se ha empezado a hablar más de este asunto desde que en 2020 salió a la prensa el caso de Mallorca, donde menores tuteladas fueron explotadas sexualmente. La administración pública admitió esta situación porque la prensa ejerció bastante presión sobre el tema. Ya en 2016, en Cataluña se hablaba en la prensa de seis menores tuteladas víctimas de explotación sexual. En Álava, también en 2016. En Cataluña nuevamente en 2019. En 2019, en Alicante. En 2020, a la par que en Mallorca, en Guadalajara. En 2022, en Madrid y Navarra. En 2023, y en los casos más recientes de 2024, en Tenerife y Asturias. Y estos días, muy a nuestro pesar, en 2025, aparecen en la prensa riojana al menos siete víctimas de la Residencia Iregua y en pisos de acogida.
Podemos ver, por tanto, que esto ocurre en todos los sistemas de protección infantil. No es un problema exclusivo de Mallorca por ser una zona turística, ni de Cataluña por tener un sistema de protección mucho más grande. Sucede en todas partes, precisamente debido a la vulnerabilidad de estas menores tuteladas.
Por qué no es “prostitución de menores”
Desde Feministas de La Rioja sabemos que es fundamental entender la raíz de esta problemática porque se trata de una forma de victimización y violencia contra la adolescencia, incluida dentro de los distintos tipos de explotación sexual. Sin embargo, tiene características muy particulares que debemos conocer y nombrar adecuadamente, también en los medios de comunicación, debido al enorme impacto y alcance que tienen en la población y su gran labor en la concienciación social.
Una de estas características es que la víctima no solo es utilizada como un objeto sexual, sino también como un objeto comercial. Debemos diferenciar esta situación claramente de la prostitución y tampoco podemos referirnos a ella como tráfico o trata de personas. En el caso de la explotación sexual en el sistema de protección infantil, no se trata necesariamente de chicas secuestradas en otro país y trasladadas aquí con pasaportes retenidos. Existen muchas otras formas de captación, que pasan desapercibidas y son mucho más sutiles. Por lo tanto, este fenómeno es bastante diferente y no debe abordarse de la misma manera que la trata de personas, ni debemos nombrarlo como “prostitución”.
¿Qué entendemos entonces por explotación sexual de menores? Para que se considere explotación infantil o adolescente, la víctima debe ser menor de 18 años. Además, debe existir una actividad sexual con intercambio, que puede ser dinero, objetos, drogas u otros beneficios no materiales, como la pertenencia a un grupo o la vinculación emocional. También debe existir abuso de poder y/o la falta de consentimiento real por parte de la víctima. Estos son los elementos clave para distinguir una situación de explotación sexual en menores.
Igualmente, es importante tener en cuenta que la existencia de un intercambio hace que muchas víctimas no se reconozcan como tales. Algunas incluso llegan a creer que tienen el control de la situación, desarrollando una falsa sensación de poder, generada desde la captación. Esto contribuye especialmente a la invisibilización del problema. Además, la sumisión a la explotación sexual no implica consentimiento o voluntad por parte de la víctima, sino que refleja un abuso de poder y autoridad por parte del explotador.
Llamamiento al gobierno y a los medios
Si ponemos en contexto el problema en Europa, actualmente España se encuentra a la cabeza de la prevalencia de explotación sexual en menores de entre 14 y 17 años, con un 2,6 por ciento, especialmente a través de la generación de material sexual, incluyendo fotografías y vídeos intercambiados por redes sociales, teléfonos móviles y mensajería.
Ante la gravedad del problema, es imprescindible que las instituciones tomen ejemplo de otras regiones y actúen. Destacamos el estudio realizado específicamente en Cantabria. Este Gobierno regional solicitó un análisis de la situación, porque consideraban que, aunque había pocos casos, debían saber qué hacer en cada situación y cómo prevenir. En un estudio en el que participaron 121 adolescentes (el 81,7 por ciento de todos los jóvenes en acogimiento residencial en la región), el 43 por ciento indicó conocer algún caso de explotación sexual en su entorno y el 17,4 por ciento declaró haber estado implicada en una situación de explotación sexual en el último año. Un 4 por ciento de los chicos y un 9 por ciento de las chicas mencionaron esta experiencia, sin diferencias estadísticamente significativas por sexo, aunque el problema siempre es mayor en chicas. Por último, casi un 11 por ciento declaró haber mantenido relaciones sexuales en el último año a cambio de objetos, un 10 por ciento lo hizo a cambio de dinero o recompensas y un 5 por ciento, bajo amenaza.
¿Qué motiva a estas adolescentes a involucrarse en estas situaciones? Entre las respuestas más frecuentes, se encontró el estar enamorada/o de otra persona y sentirse obligada a hacerlo, la necesidad de sentirse querido o aceptado, el deseo de pertenecer a un grupo, la obtención de drogas o alcohol y, en algunos casos extremos, la existencia de amenazas o coacción.
Dado este panorama, y ante el escándalo en La Rioja, consideramos fundamental que el Gobierno de La Rioja y el resto de partidos tomen ejemplo de esos otros gobiernos, que destinen más recursos y que empiecen a tomar medidas urgentes para investigar esta situación y establecer medidas específicas de protección y reparación a las víctimas. También, que contacten con los equipos de expertas en nuestro país y que desarrollen un programa específico para abordar esta problemática en nuestra región. Creemos que es especialmente importante continuar con la formación de profesionales en los centros, lo cual resulta clave en la lucha contra la explotación sexual infantil en nuestros centros residenciales de menores.
Asimismo, consideramos esencial informar y formar a los propios chicos y chicas para que desarrollen habilidades de prevención y autoprotección. Crear entornos seguros, establecer mecanismos de detección y mejorar las intervenciones judiciales son elementos cruciales para abordar esta problemática de manera efectiva.
En definitiva, no podemos olvidar que la explotación sexual en el sistema de protección infantil es una realidad compleja que requiere una respuesta integral y coordinada, y a la que se deben destinar todos los recursos posibles, también para investigar y analizar qué ocurrió en la residencia Iregua y en varios pisos de acogida y se haga justicia para esas niñas que fueron explotadas sexualmente.
