“Mi pobre padre podrá descansar eternamente”. Así anuncia, con una mezcla de resignación y paz, Yolanda Castillo el funeral con el que Cuzcurrita de Río Tirón despedirá el próximo sábado a Guillermo, el popular hostelero brutalmente asesinado en mayo. Esa sensación de paz es la que produce la posibilidad de cerrar un paso imprescindible en el duelo casi un año después de un crimen que ha conmocionado a todo el país. La resignación, la que produce la “imposición” -en palabras textuales del entorno de la víctima- del juzgado que instruye la causa.
Cabe recordar que la representación legal de la familia de Guillermo Castillo -encabezada por Marcos García Montes- consideraba insuficiente el contenido del informe forense sobre el cadáver del hostelero, al entender que la autopsia no concreta el momento exacto (si antes o después de su muerte) de varias de las lesiones que presenta el cuerpo de la víctima. Con todo, el entorno familiar lamenta que el juzgado haya negado la ampliación de la autopsia para “aclarar ciertos puntos de pericia después de casi un año de espera”.
Ante esta negativa, la familia de Guillermo se encuentra inmersa en los preparativos del funeral, que tendrá lugar a las seis de la tarde en la parroquia de San Miguel Arcángel, toda vez que el Instituto de Medicina Legal les entregue el cuerpo del popular hostelero, al que el pasado 2 de mayo encontraron sin vida en su propia vivienda, con evidentes signos de haber empleado una violencia extrema para matarle.
La recuperación del cuerpo para poder brindar una despedida digna a Guillermo Castillo viene de largo. A mediados de enero, la jueza que instruye la causa notificó mediante un Auto a los familiares que ya podían hacerse cargo del cadáver, aunque el bufete de García Montes ha insistido hasta la última instancia en la necesidad de ampliar los estudios forenses para ‘atar’ todos los flecos de cara al proceso judicial que en las próximas semanas depurará las responsabilidades penales sobre el macabro crimen.
Por el momento son dos los únicos acusados por estos hechos -dos delincuentes comunes de 38 y 52 años en la fecha del asesinato-, aunque la familia mantiene su convicción de que no actuaron en solitario, ni tampoco por un acto impulsivo para robarle la recaudación de su bodega (no más de 600 euros).
Durante la reconstrucción de los hechos que tuvo lugar el pasado 26 de enero, Marcos García Montes habló a las claras de un “comando informativo” que avisó a los autores materiales del asesinato y de las sospechas de que al menos otras dos personas les ayudaran a deshacerse de su ropa y otros elementos incriminatorios. También aportó detalles sobre la extrema violencia empleada por los detenidos, que engrilletaron a la víctima y la torturaron hasta dejarle la cara “irreconocible”. “Es el asesinato más brutal que he visto en mis 52 años de trayectoria”, llegó a aseverar el letrado.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
Dos presuntos asesinos con un amplio historial a sus espaldas
El perfil de los acusados por el ‘crimen de Cuzcurrita’ reabre el debate sobre la eficacia de las políticas de reinserción penitenciaria. Uno de ellos, nacido en Portugal y vecino de Logroño, es un viejo conocido de la cárcel riojana y se encontraba bajo tercer grado en el momento del asesinato. A sus 53 años acumula más de una veintena de detenciones, la penúltima de ellas (actualmente está en prisión por el crimen de Cuzcurrita) por atracar a finales de julio -cinco meses después de asesinar a Guillermo Castillo y “con total tranquilidad”- una sucursal bancaria de la capital riojana, empleando para ello una pistola y un arma blanca. No era el primer banco que asaltaba a punta de pistola y en sus antecedentes destacan las detenciones por robo con intimidación en establecimientos comerciales.
El otro detenido, de 38 años, nacionalidad española y vecino en Pradillo, también le constan numerosos antecedentes penales. La Guardia Civil también detuvo por esta causa a su pareja sentimental, de 59 años, aunque esta quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Durante la reconstrucción de los hechos del pasado mes de enero, ambos cruzaron acusaciones para tratar de eludir responsabilidades penales. Será un jurado popular el encargado de dictar el veredicto sobre su implicación en el macabro asesinato.
