Más madera. Ciudadanos en La Rioja (concretamente en Logroño) parece haberse montado en una montaña rusa de la que no puede salir hasta que el vagón llegue al final de la atracción. El último giro es el requerimiento que la ex concejal de la formación naranja en el Ayuntamiento, Nazaret Quijano, ha hecho a sus tres ex compañeros (Julián San Martín, María Luisa Alonso y Elvira González) y su sustituto, Alfredo Ruiz Pastor, para que retiren las acusaciones que vertieron sobre ella el pasado martes, tanto en la rueda de prensa anterior a la Comisión de Transparencia como en la propia comisión.
Este convulso miércoles en el que NueveCuatroUno hacía públicas unas grabaciones de una asamblea en las que la concejal María Luisa Alonso aseguraba que su contratación irregular se debía a una orden del partido (no para La Rioja sino para toda España) para “descargar las cuentas del partido de los cargos orgánicos para tener más dinero para la campaña” y en el que el secretario de Organización estatal, Fran Hervías, desmentía estas afirmaciones desde suelo logroñés, terminaba con un burofax de la edil condenada por sustraer 18.315,30 euros de las cuentas del partido.
Quijano exige que, antes de este viernes a las 14 horas, se corrijan todas las declaraciones e intervenciones en las que se hace alusión a su persona, en los mismos términos en los que se han producido dichas manifestaciones y por las mismas personas. De no producirse, ha indicado que tomará las medidas legales oportunas.
Las declaraciones a las que se refiere la ex concejal se refieren a las explicaciones que dio el Grupo Municipal de Ciudadanos en esa Comisión de Transparencia, en las que aseguran que supieron de la situación ‘ilegal’ del contrato de la también delegada territorial en La Rioja, María Luisa Alonso, a través de Quijano en mitad del pleno del pasado 4 de febrero y un día antes de su convocatoria para explicar la dimisión de la ya antigua compañera de sillón.
Quijano, según las explicaciones a puerta cerrada confirmadas a Diario La Rioja, “habría llegado a amenazar a sus excompañeros con hacer público un contrato que contravendría la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local que establece que la asignación económica a los grupos municipales no puede destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación”.
“Y lo hizo, literalmente, mediante presiones a la desesperada tras su cese para evitar la comparecencia de los suyos ante los medios para dar cuenta de su, a la postre, juzgada y sentenciada apropiación indebida. Los concejales ‘naranjas’, incluso, fueron preguntados directamente por un ‘chantaje’ que, ya a la segunda, matizaron sin entrar en más detalles. Al término de la comisión, de hecho, eludieron referirse al mismo al no constar en acta”, publica el diario.
