El exalcalde de Villamediana de Iregua, Tomás Santolaya (por entonces, en las filas del Partido Popular) se sentará el próximo viernes en el banquillo de los acusados, como presunto autor de un delito de prevaricación administrativa por la contratación presuntamente irregular de los servicios jurídicos a un bufete de abogados.
Inicialmente, la vista oral del juicio debía celebrarse el pasado 30 de junio, si bien la causa quedó aplazada. Ahora, el Juzgado de lo Penal número 3 de Logroño ha señalado el juicio para el próximo día 21, a partir de las nueve de la mañana.
La acusación contra Santolaya parte de un escrito trasladado al Ayuntamiento a finales de 2019, en el que se denunciaba la contratación discrecional de los servicios de Barinaga Abogados por un montante conjunto de 128.167,58 euros para defender al Consistorio hasta en cinco procedimientos judiciales.
La Comisión Informativa de Cuentas del Ayuntamiento -como avanzó NueveCuatroUno en los reportajes de investigación ‘Los papeles de Villamediana‘- dio el visto bueno en el verano de 2017 al pago de las minutas (una de ellas, de más de 115.000 euros) para que el pleno municipal validara el abono. Algo que sucedió en la sesión de agosto de ese mismo año, ya con la socialista Ana Belén Martínez como alcaldesa.
Según ha podido confirmar este medio, para el juicio contra Tomás Santolaya están citados a declarar en calidad de testigos varios de los concejales del Ayuntamiento de Villamediana durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019, en el que se aprobó el pago de las minutas a Barinaga. Entre ellos se encuentra Rubén Gutiérrez, sucesor de Santolaya en la Alcaldía y actual líder de la oposición, tras prosperar en enero de 2017 la moción de censura que situó a Ana Belén Martínez al frente del Ayuntamiento.
La propia Martínez, los concejales socialistas de aquella época como Juan Pedro Martínez o el representante de IU en el consistorio, Chuchi Cámara, también están citados a declarar como testigos. De hecho, en la fase inicial del procedimiento el fiscal ya tomó declaración a los ediles que validaron el abono de las facturas a Barinaga Abogados -pertenecientes a PSOE, PP, Cs, IU y Partido Riojano-, así como a la secretaria municipal, a la interventora del Consistorio y al exalcalde Santolaya, que se mantiene como único acusado en el proceso.
Tomás Santolaya.
En caso de ser delcarado culpable, se enfrenta a la inhabilitación para el desempeño de empleo y cargo público durante un periodo de diez años.
Otro frente abierto
El juicio por prevaricación no es el único frente abierto por la Justicia contra Tomás Santolaya, ya que la Fiscalía ordenó a principios de año abrir una pieza separada contra el exalcalde, que debe responder sobre la adjudicación de al menos 17 obras municipales al estudio de Esteban Pardo Calderón (Play Arquitectura), ex asesor urbanístico del Ayuntamiento que ya ha sido juzgado como presunto autor de un delito de negociaciones prohibidas, al ser juez y parte en la tramitación urbanística del Consistorio.
En esa pieza separada, el fiscal tratará de dirimir si el exalcalde adjudicó de forma irregular hasta 17 proyectos municipales al estudio del asesor urbanístico (Play Arquitectura), contando todos ellos con informes favorables del Ayuntamiento firmados por el propio Esteban Pardo.
Comparecencia de Esteban Pardo ante el Parlamento, en febrero de 2018.
Tomás Santolaya dejó su acta como concejal en el Ayuntamiento villametrense en enero de 2016, apenas unos meses después de abandonar una Alcaldía que ocupó durante más de dos décadas. El motivo de su renuncia no fue otro que su presunta implicación en un delito urbanístico por la concesión de licencias ilegales para una veintena de viviendas.
El exdirigente estuvo al frente del Ayuntamiento durante la tramitación del Plan General Municipal de Villamediana de Iregua, aprobado en 2013, que tuvo entre sus consecuencias la regularización de la vivienda unifamiliar del expresidente Pedro Sanz, levantada con una licencia que tan solo le habilitaba a construir una casa de aperos.
