El preparador de atletismo Ángel Gómez ‘Alti’ sigue acudiendo a las instalaciones del Adarraga, pese a que el Tribunal Supremo haya confirmado esta semana su condena a siete años de cárcel por abusos sexuales cometidos sobre una persona con discapacidad intelectual, impuesta por la Audiencia Provincial de La Rioja en 2019. NueveCuatroUno ha podido comprobar la presencia del abusador en el Campeonato de La Rioja Individual en Pista Cubierta durante la mañana de este domingo.
Desde la Federación Riojana de Atletismo han explicado a este medio que se han visto obligados a echar a ‘Alti’ de la zona de organización. “Estaba en la pista con algunos atletas y no podía estar ahí de ninguna manera. Nos ha dicho la Dirección General de Deportes que no podemos prohibirle el acceso a la grada, así que se ha quedado como público”.
Su presidente, Carlos Mir, ha indicado que la licencia de Gómez está suspendida. “Ha sido una situación muy incómoda”, ha detallado el dirigente de la federación, tras echar al entrenador de la zona más cercana a la pista. La sentencia ha sido notificada en los últimos días, por lo que ‘Alti’ ingresará en prisión en las próximas semanas.
El preparador físico fue detenido en 2017, tras ser acusado de un delito de abusos sexuales sobre el mencionado joven, que ya era mayor de edad, vecino de Logroño y natural de un país del este. La primera sentencia afirmaba que la víctima se montaba en el coche de ‘Alti’ algunos fines de semana y se trasladaban hasta una vivienda desocupada, propiedad de la madre del procesado. Tras ello, le enseñaba al chico vídeos de contenido sexual y le realizaba tocamientos.
El entrenador reconoció ante la Policía que no entendía por qué eso era delito ya que había sido «voluntario» y «consentido», siendo mayor de edad. Sin embargo, también ha quedado probado que «es un joven vulnerable, manipulable, fácilmente influenciable, incapaz de elaborar planes estructurados, poco consciente del riesgo, que sobrevalora sus capacidades y tiene una edad mental de un niño de 9 años».
Inhabilitación especial
La justicia riojana, además de los siete años de cárcel, también le impuso una multa de 8.000 euros de indemnización por daños morales y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio retribuido o no que conlleve el contacto regular y directo con menores o discapacitados por un periodo de tiempo de siete años.
Asimismo, le ha prohibido acercarse o comunicarse por cualquier medio con la víctima durante diez años y seis meses. Además, una vez cumplida la pena, el tribunal le condena a seis años de libertad vigilada.
