Hace poco menos de un año se fraguó en Villamediana de Iregua una moción de censura motivada por la investigación sobre dos exalcaldes de la localidad, Tomás Santolaya (que declara este martes en la comisión de investigación del Parlamento de La Rioja) y Rubén Gutiérrez, así como a otros cinco concejales por un posible delito de prevaricación relacionado con la aprobación del Plan General Municipal (PGM).
El 2 de enero asumía el Gobierno villametrense el PSOE, en coalición con Ciudadanos e Izquierda Unida y con Ana Belén Martínez al frente. El nuevo Ejecutivo local situó entonces la transparencia como el pilar fundamental de su gestión, pero un año después uno de los miembros del equipo de Gobierno es tajante: “Este Gobierno está haciendo un buen trabajo a nivel social y cultural, pero en materia de urbanismo no existe transparencia, sino todo lo contrario”.
“La auditoría ni está ni se le espera”
Así lo afirma a NueveCuatroUno Juan Pedro Martínez, concejal socialista y miembro del equipo de Gobierno que asegura sentirse “defraudado” por este motivo. “Todos los que asumimos el Gobierno teníamos muy claro que nos presentamos con el objetivo de encargar una auditoría en el Ayuntamiento, pero un año después la auditoría ni está ni se le espera”.
Martínez se ha decidido a compartir su visión sobre el Ejecutivo villametrense -del que forma parte- después de que este medio haya publicado la serie titulada ‘Los papeles de Villamediana’, en la que se ha revelado que el asesor urbanístico encargado de supervisar el PGM, Esteban Pardo, encadenó contratos por la vía de urgencia con el Consistorio durante una década, compartió intereses mercantiles con los redactores del Plan durante su tramitación y fue adjudicatario ‘a dedo’ de un contrato cuyo presupuesto es de 2,2 millones de euros.
Juan Pedro Martínez (con jersey amarillo), durante el pleno en el que Ana Belén Martínez asumió la Alcaldía de Villamediana, el 2 de enero de 2017
Al concejal socialista le ha sorprendido que esta información haya visto la luz, pero no así su contenido. De hecho, confiesa que “dos semanas antes de acceder al Gobierno municipal supimos de una denuncia presentada en el Ayuntamiento en la que se ponía en entredicho la habilitación del asesor urbanístico para realizar determinados trabajos que se estaban desarrollando”.
El grupo municipal socialista (integrado por la alcaldesa, Ana Belén Martínez, el propio Juan Pedro Martínez y Enrique San Román) compartió “al día siguiente de la toma de posesión” el contenido de esa denuncia con el resto de componentes de la Junta de Gobierno. “Se propuso encargar un informe jurídico para certificar si los hechos denunciados eran ciertos y para contar con ‘tranquilidad’ política a la hora de tomar decisiones”, señala el concejal, añadiendo que “he solicitado ese informe por activa y por pasiva pero jamás se me ha dado respuesta”.
Cuestionamiento público
Sin la garantía de que el área de urbanismo del Ayuntamiento funcionaba acorde a lo establecido por la Ley, Juan Pedro Martínez decidió exponer sus dudas ante la Junta de Gobierno cuando llegó el momento de aprobar la concesión de licencias. De ello queda constancia, por citar un ejemplo, en el acta del pleno del pasado 9 de febrero, cuando responde al exalcalde Rubén Gutiérrez que tiene “dudas razonadas” sobre la competencia del asesor urbanístico para emitir informes:
En esa sesión, Rubén Gutiérrez pregunta por qué Martínez votó en la Junta de Gobierno celebrada el 26 de enero (apenas tres semanas después de llegar al Ayuntamiento) en contra de otorgar las licencias. “Lo hice porque no tenía el respaldo de un informe jurídico”, señala el edil a NueveCuatroUno, explicando que “la secretaria municipal (Myriam Torbado) me trasladó que no había emitido ningún documento que avalase la validez de los informes del arquitecto asesor (Esteban Pardo)”. “A partir de ese momento me vi solo en la Junta de Gobierno”, añade.
Contratación “ilegal” de Esteban Pardo
Juan Pedro Martínez solo pone un ‘pero’ a los expedientes de contratación de Esteban Pardo como arquitecto asesor en Villamediana, revelados días atrás por NueveCuatroUno: “Habéis documentado su vinculación desde 2008, pero tengo la certeza de que firma informes para el Ayuntamiento desde enero de 2007”.
“No entiendo cómo ha podido ir encadenando contratos durante más de diez años”, señala, asegurando que su vinculación laboral “infringe los artículos 301 y 303 de la Ley de Contratos del Sector Público”. En ellos, se establece que “no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen el ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos” (artículo 301.1) y que “los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años (…), si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato -incluidas las prórrogas- no exceda de seis años” (artículo 303.1).
Oposiciones “ventajosas” a la plaza de Arquitecto interino
El pasado día 8, este medio también reveló que el hasta entonces asesor urbanístico, Esteban Pardo, ha conseguido la plaza de Arquitecto interino en el Ayuntamiento de Villamediana a raíz de un proceso de selección también cuestionado por este miembro del equipo de Gobierno.
“Pardo afrontaba esta carrera con varios metros de ventaja”, resume Juan Pedro Martínez, al considerar que las bases de la convocatoria primaban en exceso la experiencia en el cargo (otro aspirante obtuvo mayor puntuación en la fase de conocimientos de la prueba, pero Pardo ‘remontó’ al computar la fase de méritos). “Al leer las bases me sorprendió que una Adiminstración Pública premiase a una empresa que le había estado prestando servicio; se las trasladé a mi abogado y al leerlas lo primero que dijo fue a la plaza solo faltaba por ponerle nombre y apellidos”.
Su letrado particular no fue el único supervisor del documento. “Los servicios jurídicos de mi partido (PSOE) me dijeron que la redacción de las bases de la convocatoria eran técnicamente perfectas pero que en muchos puntos se daba una puntuación excesiva a una serie de candidatos”. Por ello, Martínez propuso un total de siete modificaciones al pliego “para buscar un equilibrio para todos los aspirantes, valorando que primasen los conocimientos sobre la fase de méritos”.
El documento con sus propuestas volvió de nuevo a los servicios jurídicos del Partido Socialista y “solo se opusieron a una de las siete medidas planteadas”, pero ninguna de ellas acabó plasmándose en la convocatoria final que aprobó la Junta de Gobierno villametrense el pasado 26 de septiembre.
Además de todo ello, Martínez insiste en que “solicité que tanto la plaza de Arquitecto como la de Arquitecto Técnico fueran convocadas a través de una Oferta de Empleo Público -opción finalmente descartada por el Ejecutivo local- y que no fueran cubiertas a título de interinidad sino por funcionarios de carrera”.
El papel de la secretaria
A juicio de Juan Pedro Martínez, la responsabilidad es “compartida” en todo lo relativo al urbanismo en Villamediana. “Por un lado está la influencia política, pero por el otro está la supervisión legal”. Y en este segundo punto señala la labor de la secretaria, Myriam Torbado, quien representa el papel de “cortafuegos legal” en el Ayuntamiento.
“Una figura como la de la secretaria no puede ignorar la Ley y ha mantenido a una persona que no tiene la habilitación ni las competencias para desempeñar algunas de las acciones que ha llevado a cabo”, afirma. “Un secretario municipal tiene a su disposición una herramienta jurídica como el reparo; en cualquier momento podría haberlo empleado para señalar que no concedía el aval técnico necesario mientras Esteban Pardo ha estado encadenando contratos ilegalmente”, concluye.
