La Comisión de Investigación que se desarrolla en estas fechas en el Parlamento de La Rioja sobre el Plan General de Villamediana de Iregua está arrojando luz sobre el urbanismo de esta localidad, más allá de la situación legal del chalé de Pedro Sanz.
Los cuestionarios de los diferentes grupos parlamentarios sobre los sistemas de control urbanístico en Villamediana acaban desembocando recurrentemente en la figura de Esteban Pardo, que accedió al Ayuntamiento en 2008 -con Tomás Santolaya como primer edil- en calidad de asesor, si bien en las actas de algunos plenos llega incluso a adquirir la consideración de ‘Arquitecto Municipal’.
El papel de Pardo en la tramitación del Plan General Municipal (PGM) de Villamediana es capital, pues es él quien supervisa las labores de redacción (a cargo de Ángel Ibáñez Ceba hasta 2011, cuando cede el testigo a Roberto García-Berlanga) y contesta a las alegaciones presentadas sobre el Plan.
Esteban Pardo firmó su primer contrato con el Consistorio villametrense el 9 de septiembre de 2008, ante “la necesidad de estar tramitándose el Plan General Municipal”. Entre sus obligaciones, se especifica que debe “redactar, dirigir, informar y dictaminar proyectos y memorias de obras municipales”, además de “realizar las inspecciones necesarias para que se cumpla lo dispuesto en la legislación urbanística” y, al respecto “informar a la Corporación de la existencia de obras ilegales”.
Si bien el Ayuntamiento instó a tres arquitectos a presentar sus ofertas para optar al puesto de Asesor Municipal, finalmente el expediente del Consistorio detalla que “durante el plazo de presentación de ofertas, que ha sido de 13 días hábiles (…) se ha presentado en tiempo y forma una única oferta”, la de Esteban Pardo.
Cuatro concursos sin publicidad y por la vía de urgencia
Según la documentación a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, ese contrato se tramitó mediante un ‘Procedimiento negociado sin publicidad de tramitación urgente’, una vía presumiblemente excepcional que, en cambio, se ha venido repitiendo en las tres extensiones (en 2010, 2013 y 2016) rubricadas durante la última década, con un montante total de 235.880 euros a cargo de las arcas municipales villametrenses.
Si en el primer compromiso contractual entre asesor y Ayuntamiento (extensivo a dos años, con unos emolumentos de 22.040 euros anuales) la tramitación por la vía de urgencia sin publicidad aparecía justificada por la redacción del PGM, en la renovación de 2010 (con un periodo de vigencia de tres años, a 23.600 euros anuales) el Consistorio optó por este mismo proceso para “agilizar los trámites según la legislación vigente para que los servicios (…) se puedan seguir prestando de forma regular y continuada”, ante la próxima caducidad del anterior contrato.
Llegado 2013, Pardo se había convertido en una pieza fundamental para la regulación urbanística de Villamediana. Llevaba cinco años supervisando personalmente la redacción de un Plan General que en junio de ese mismo año contaba con la aprobación definitiva de la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja (COTUR). Sin embargo, al Consistorio villametrense se le volvieron a solapar los plazos y recurrió de nuevo a la misma fórmula de contratación para mantener a Pardo como asesor durante otros tres ejercicios, a razón de 24.200 euros anuales.
En 2016 se firmó la última extensión del contrato, igualmente bajo la fórmula de ‘Procedimiento negociado sin publicidad de tramitación urgente’ y con vigencia hasta julio de 2018. A pesar de que entre sus funciones se siguen especificando tareas como “informar a la Corporación de la existencia de obras ilegales” y de que los medios de comunicación se hacen eco de la presunta ilegalidad del chalé de Pedro Sanz desde finales de 2012, no consta ningún informe del asesor urbanístico relativo a este asunto en el Ayuntamiento de Villamediana.
Denuncia ante el Colegio de Arquitectos
Este medio ha podido saber que el pasado 14 de noviembre se registró un escrito dirigido al Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja (COAR) en el que se denuncia que “desde hace unos diez años un arquitecto es Asesor Municipal renovando contratos y vulnerando con ello la Ley de Contratos del Sector Público”.
En esa misma misiva se señala que “el Asesor desempeña de hecho las funciones reservadas a funcionario de carrera como la información preceptiva y la inspección”, por lo que considera que todos los expedientes afectados por los informes y actas de inspección de Esteban Pardo en Villamediana “son nulos de pleno derecho”.
Consultado por NueveCuatroUno sobre esta cuestión, el Decano del COAR, Alfonso Samaniego, ha indicado que el contenido de este escrito ha sido derivado a los servicios jurídicos del Colegio para que estudien si se ha producido algún tipo de irregularidad en el Consistorio villametrense, manteniéndose a la espera de su resolución.
