El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado en el Congreso de los Diputados el ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’. Un informe que por supuesto también recoge los sucesos acontecidos en La Rioja: once lugares, dos sacerdotes implicados y cuatro víctimas, tres hombres y una mujer, dos menores de edad.
Según el documento, las agresiones en La Rioja se dieron entre la década de los sesenta y el pasado 2021. Casos algunos que no han trascendido pero sí fueron denunciados en la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo y otros revelados por las investigaciones minuciosas que desarrolló el periódico El País y que ha desembocado en este informe.
Papeles que revelan que Maristas, Rey Pastor, Salesianos, Nuestra Señora de Valvanera, Salvatorianos y Escolapias Sotillo son los centros logroñeses donde se dieron ataques sexuales durante los sesenta y 2021.
A estos seis colegios habría que sumarle otras localizaciones religiosas que también fueron escenario de casos de pederastia: la parroquia San Ignacio de Loyola, un domicilio particular y un centro de ejercicios espirituales.
Además de en Logroño, el informe hace referencia también a un caso que se dio en El Rasillo. En esta ocasión el supuesto agresor sería el sacerdote V.L.T., que abusó de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en la Casa del Sacerdote. Al parecer, el sacerdote ofrecía dinero y tabaco por ir a su casa del Casco Antiguo para charlar y “disfrutar de un proyector Súper 8 que guardaba, por cierto, junto a una buena colección de películas porno”.
Reparación para las víctimas
Durante la presentación del informe por parte de Gabilondo al Congreso, el Defensor del Pueblo ha hecho hincapié en que esta realidad ha estado soterrada durante todo este tiempo por la propia Iglesia católica. “Ha predominado cierta voluntad de ocultamiento, con la consiguiente desconsideración a las víctimas”.
Además, ha manifestado que conductas como el traslado de abusadores a otras parroquias o centros docentes son un ejemplo de malas prácticas. “Con el paso del tiempo y la aparición de casos, la presión de las víctimas, de los medios y una mayor conciencia ha provocado que estas reacciones poco adecuadas haya ido decreciendo”.
Por otro lado, Gabilondo ha pedido que se haga un acto público de reparación, para lo que ha solicitado “el compromiso de la Iglesia católica”. Además, respecto a las indemnizaciones, Gabilondo ha pedido un fondo estatal específico donde el dinero provenga de la propia Iglesia y que “el Estado vele por ese proceso y que le dé las garantías de que se hace de modo objetivo, transparente y público”.
Sin embargo, Gabilondo ha considerado incluso la posibilidad de no contar con la aquiescencia de los obispos: “Esta obligación de reparación puede cumplirse en cooperación con la iglesia católica o por carácter subsidiario a la responsabilidad de la misma. Confío en que la Iglesia católica esté a la altura del desafío que se le presenta y la oportunidad que se le da de abordar este tema”.
