La Comisión de Conciertos Educativos ha celebrado este lunes la última de sus sesiones, en la que se ha ratificado el rechazo a la propuesta de eliminar diez aulas en los centros concertados de Logroño de cara al próximo curso e incluso alguno de ellos ya ha anunciado acciones legales.
“Aunque es un órgano consultivo, durante años las decisiones y las votaciones de esta comisión eran escuchadas y consensuadas” por la Consejería de Educación, recuerda la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, que critica que “se ha vuelto a poner de manifiesto la falta de diálogo y consenso del que hacía gala el consejero a comienzos de legislatura”.
“A pesar del voto en contra de la comisión, la Consejería ha trasladado hoy a los centros la misma propuesta que trasladó a la mesa la pasada semana, sin una sola modificación. Siguen proponiendo eliminar diez unidades, siguen privando del derecho a elegir a las familias antes de que comience incluso el proceso de escolarización”, denuncia Carlos Torres, portavoz de la Plataforma, que agrupa a los centros concertados de la comunidad.
“Todos nuestros esfuerzos han resultado baldíos, ya que el señor Cacho, haciendo gala de su habitual querencia por el diálogo y el consenso, ha desoído los resultados de órgano consultivo y sigue adelante con su hoja de ruta, marcada desde que comenzase la legislatura y trasladando a los centros su intención inicial de eliminación de las diez aulas”, señala Torres.
La Plataforma recuerda que esta eliminación de aulas “se ha cimentado en una resolución a partir de la cual se ha decidido elevar de forma irracional la ratio mínima de alumnos por aula para la escuela concertada”. “La Consejería de Educación basa este aumento en un supuesto desequilibrio entre ambas redes que, como ya hemos demostrado y denunciado públicamente con los datos de la propia Administración, tal desequilibrio no existe en la actualidad. Todavía estamos esperando a que explique de dónde salen esos datos, por lo que seguimos pidiendo su dimisión“, ha finalizado Carlos Torres.
A partir de ahora, se abre un periodo de diez días para que cada centro afectado por los cambios pueda realizar sus alegaciones.
