Amnistía Internacional ha denunciado esta semana la “desidia” por parte de las comunidades autónomas para impulsar los centros de crisis de atención integral a las víctimas de violencia sexual ya que, según sus datos, de los 52 centros que deberían haber abierto este año solo funcionan cuatro.
El pasado 6 de noviembre, a petición de las comunidades autónomas, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó ampliar hasta el 31 de diciembre de 2024 la fecha límite para la apertura de estos recursos, contemplados en la ley de garantía integral de la libertad sexual.
En un comunicado, Amnistía Internacional ha lamentado que más de un año después de la entrada en vigor de esa ley, conocida como la ley del solo sí es sí, muchas de sus medidas no se hayan implementado. Y ponen el foco en la puesta en marcha de estos centros, diseñados para ofrecer una atención integral a las víctimas de violencia sexual mayores de 16 años todos los días del año, las 24 horas del día.
El compromiso del Gobierno, recuerda la organización, fue la creación de uno de estos recursos en cada provincia, además de en Ceuta y Melilla. Es decir, 52 centros antes del 31 de diciembre de 2023, objetivo para el que la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que fueron transferidos a las comunidades autónomas.
Sin embargo, según Amnistía, solo hay abiertos centros en Asturias, Cantabria y Madrid y Navarra ha anunciado la inminente apertura de otro. “El objetivo de los 52 está muy lejos de cumplirse. En todo este tiempo ha habido anuncios de apertura de este tipo de centros en comunidades como Aragón, Canarias, Extremadura, Euskadi, Murcia y La Rioja, pero estos centros no terminan de llegar”, ha señalado a través de la nota la responsable de investigación de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.
La organización ha apuntado que otras comunidades como Andalucía, Castilla y León o la Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluidas la sexual, pero “este servicio dista mucho de la atención integral y especializada a las mujeres que recomienda el Consejo de Europa”.
El pasado 6 de noviembre, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó la prórroga de un año para poner en marcha estos centros, una petición de las comunidades que se ha podido atender después de que la Comisión Europea haya aprobado una adenda al Plan de Recuperación de España, pues los centros se financian con fondos Next Generation.
“Aunque parezca que esta prórroga es una buena noticia, es lamentable que las mujeres que sufren violencia sexual tengan que seguir esperando para recibir una atención adecuada”, ha lamentado Virginia Álvarez. En su opinión, las comunidades autónomas “no están mostrando ni interés suficiente ni diligencia a la hora de cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas”.
Amnistía ha recordado que, según los últimos datos de Interior, en 2022 las denuncias contra la libertad sexual aumentaron un 13 por ciento respecto a 2021 y el incremento del número de denuncias por agresiones con penetración ascendió un 34 por ciento.
Desde la organización han advertido que, aunque estas denuncias se han incrementado por factores como el aumento de la información y la sensibilización, estas cifras “solo muestran una mínima parte de lo que podría suponer la violencia sexual”.
En este sentido, han apuntado a la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, que reflejó que este tipo de violencia afecta a más de 2,8 millones mujeres de más de 16 años residentes en España y solo en el 8 por ciento de los casos estas agresiones acaban en denuncia.
