La presidenta del Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, Inmaculada Martínez Torre, ha advertido este jueves, en declaraciones a EFE, que ninguna agresión a un profesional sanitario “va a quedar impune porque es un delito”.
Martínez Torre ha condenado la agresión física a un médico y verbal a una doctora, el pasado martes, 10 de enero, durante el desarrollo de su trabajo en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro de Logroño.
Ha detallado que ya se ha presentado una denuncia por estos hechos, que están “en manos de la Fiscalía” y ha insistido en que, “quien agrede a un médico, agrede a la autoridad sanitaria”.
La saturación de la Atención Primaria y el colapso en los servicios de Urgencias ha provocado que muchos pacientes “se pongan nerviosos y pagan con el médico su malestar por no ser atendidos en menor tiempo. Esta crispación se paga con quien menos culpa tiene”, ha lamentado la presidenta del Colegio de Médicos, quien ha constatado que “han crecido las agresiones en Urgencias y en los centros de salud, que son más verbales que físicas”.
Sin embargo, ha avisado a la población que “una agresión no sale gratis y agredir a quien le cura está penado”. Ha respaldado las concentraciones convocadas este viernes a mediodía en las puertas de todos los centros sanitarios de La Rioja para manifestar su repulsa por estos hechos.
Agresiones médicas
La Memoria del Registro de Agresiones del Servicio Riojano de Salud (SERIS) de 2021, que son los últimos datos disponibles, contabilizó 54 incidentes violentos, 5 de ellos por pacientes psiquiátricos, a un total de 66 trabajadores sanitarios.
En cuanto a la distribución entre niveles asistenciales, la memoria refleja 28 incidentes en centros de Atención Primaria, con 35 trabajadores afectados, y 26 en centros de Atención Hospitalaria, con 31 trabajadores afectados.
Del total de trabajadores agredidos (66), un 45 por ciento era personal médico, un 33 por ciento, personal enfermero y el 22 por ciento restante se distribuye en otras categorías profesionales.
La distribución por sexo de los afectados es de 53 mujeres y 13 hombres. La mayoría de los incidentes fueron de violencia verbal, un 80 por ciento y un 20 por ciento tuvieron relación con violencia física.
