“Es confiado, muy accesible, ingenuo, muy influenciable, manipulable y fácil de engañar”. Así describe el peritaje judicial al joven que sufrió los abusos sexuales cometidos por Ángel Gómez, ‘Alti’, a principios de 2017, a quien el Tribunal Supremo ratificaba la condena de siete años de cárcel hace dos semanas. Apenas 48 horas después de conocerse la sentencia, el entrenador acudió a las instalaciones del Adarraga para asesorar a varios atletas en un campeonato autonómico.
NueveCuatroUno ha tenido acceso a la sentencia del Alto Tribunal, que considera probado que el conocido entrenador de atletismo abusó del joven en una cantidad indeterminada de ocasiones, “siendo totalmente consciente de la discapacidad intelectual de la víctima y de sus limitaciones, entre ellas su falta de capacitación para aceptar eficazmente el mantenimiento de relaciones sexuales”.
Porque a pesar de que la víctima tenía 19 años en la fecha de autos, los especialistas acreditaron durante el proceso que “tiene una edad mental de 9 o 10 años”, lo que se tradujo en cuestiones como que “presenta una gran deseabilidad social, quiere agradar y ‘no es capaz de decir que no’ puesto que siempre quiere proyectar una imagen positiva de sí mismo”.
La sentencia del Supremo alude a la declaración de ‘Alti’ en comisaría, una vez detenido, en la que cuestionó directamente a los agentes que “no entendía por qué esto era un delito, ya que había sido de manera voluntaria y consentida”.
Un depredador sexual
El Alto Tribunal recoge también en su fallo que ‘Alti’, “guiado por el ánimo de aprovecharse de estas limitaciones y satisfacer así sus deseos sexuales, se acercaba al lugar en el que sabía que se encontraba la víctima jugando con sus amigos y le ofrecía un billete de 5 euros si se iba con él y lo acompañaba”.
A este respecto, el informe psicológico de la víctima subraya que “aunque es capaz de distinguir monedas y billetes y sabe que los billetes son más valiosos que las monedas, no tiene capacidad funcional para valorar el dinero”. Por ello, amplía, sus tutores “nunca le daban más de uno o dos euros para que llevara encima”.
Ganada su confianza mediante esa aportación económica, el preparador de atletismo “le llevaba hasta un piso deshabitado propiedad de su madre, del que tenía las llaves, y una vez allí mantenía relaciones sexuales con la víctima”. “Si la víctima no quería ir con el procesado, este le insistía para que cogiera los 5 euros; debido a esta insistencia y a las intrínsecas dificultades que tiene la víctima debido a su discapacidad para negarse a hacer lo que un adulto le pide, finalmente cogía el dinero y accedía a irse con él”, añade la sentencia.
Una vez en el domicilio, ‘Alti’ le mostraba “unos cinco vídeos de contenido pornográfico en la pantalla del teléfono móvil” para, después, desnudar a ambos de cintura para abajo y “aprovechándose de la vulnerabilidad que padecía la víctima derivada de su discapacidad”, acariciarle el pene y practicarle una felación. La sentencia del Supremo concluye que estos hechos “se sucedieron varios días, en fechas no determinadas, sin que pueda concretarse el número exacto de veces en que se produjeron”.
Así se activó el protocolo
La investigación que permitió acabar con los abusos de ‘Alti ‘sobre el joven se inició dos días después de la última de las agresiones del entrenador. El 25 de marzo de 2017 volvió a llevar a su víctima al piso de su madre, “en el que ambos estuvieron durante 59 minutos” y “uno de los tutores encontró un billete de 5 euros en la ropa de la víctima el día después”. Inicialmente la víctima se negó a contar nada, pero ante la insistencia de los tutores “acabó por contar que se lo había dado un hombre. No obstante, mostraba vergüenza y no les dijo nada más”.
Un día después, la víctima relató lo sucedido a las orientadoras de su centro de educación especial, que activaron el protocolo de aviso al Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. El 30 de marzo denunciaron los hechos ante la Policía y cinco días después una patrulla arrestaba a ‘Alti’ junto al garaje de su domicilio.
Ahora, el Supremo ratifica para el popular entrenador de atletismo una pena de siete años de cárcel como autor de un delito continuado de abuso sexual sobre persona discapacitada (con agravante de acceso carnal) y al mismo periodo de inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier actividad que suponga “contacto con personas con discapacidad o menores de edad”.
Asimismo, establece la prohibición de acercarse a menos de 150 metros de su víctima y comunicarse con él durante diez años y medio y le impone una indemnización de 8.000 euros (más intereses) sobre la víctima, así como al pago de las costas judiciales.
