Casi un año después de la irrupción de la pandemia, la Fiscalía mantiene abiertas 209 investigaciones penales por posibles negligencias en la gestión de la crisis en las residencias de personas mayores, casi la mitad de las 441 diligencias que se incoaron desde la pasada primavera.
Tras la última actualización de Fiscalía (emitida esta semana), La Rioja y País Vasco son las únicas comunidades autónomas en las que el Ministerio Público no investiga posibles irregularidades en los geriátricos. La Comunidad de Madrid lidera el número de expedientes en curso (112), por delante de Castilla y León (19), Cataluña (15), Extremadura (12), Castilla-La Mancha (11) y Galicia (10).
Las denuncias riojanas
El Ministerio Público archivó el pasado mes de octubre las dos denuncias presentadas en La Rioja para depurar posibles responsabilidades penales por la situación vivida en las residencias de personas mayores durante la primera ola de la crisis.
La primera de ellas la presentó el 8 de abril el Partido Popular, mientras que doce días después fue Vox quien instó a la Justicia actuar. El fiscal acordó entonces la acumulación de ambas instanciasn en una misma causa al entender que “abundaban en parecidos razonamientos”.
El pasado 6 de octubre, el fiscal general de La Rioja concluyó que “ni el cuerpo de bomberos, ni las policías municipales de toda la comunidad autónoma tuvieron intervención alguna ni registraron conducta delictiva o de abandono alguna. Ni las Fuerzas ni los Cuerpos de Seguridad del Estado confeccionaron atestado alguno en el que se detectase muerte o trato indebido sobre ninguna persona relacionada con el virus COVID-19” en estos centros.
Además, el fiscal recalcó que “la Consejería de Salud vino a remitir cuantos informes le fueron solicitados y con la periodicidad exigida que hoy todavía se mantiene, sin que se haya detectado actuación incorrecta alguna”. “Los servicios funerarios reconocieron un incremento enorme para cubrir las pompas fúnebres, llegando en ocasiones a retrasos de varias horas en atender su servicio, sin que ello se debiera ni a mala praxis ni a alcanzar abandono alguno de su deber”, indicaba entonces Fiscalía.
El Ministerio Público concluyó que “tampoco se ha detectado abandono alguno de su puesto de trabajo de ningún profesional sanitario, ni que esto hubiera supuesto una falta de atención a los residentes, teniendo en cuenta que las residencias nunca se han pretendido convertir en centros hospitalarios, ni siquiera sanitarios de día”.
Por último, el fiscal señala que «tampoco se ha detectado ningún abandono de residentes en los centros hospitalarios, ni fallecimientos sin auxilio médico ni expulsiones de los hospitales de los más mayores necesitados de medicación».
