Nuevo frente judicial abierto contra el presidente de la Federación Riojana de Fútbol. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) propone la suspensión de Jacinto Alonso, al que acusa de orientar el voto en las elecciones a la presidencia de la RFEF, al haber firmado en 2017 una carta abierta de los 16 dirigentes de las territoriales en apoyo a Angel María Villar ante la «persecución y acoso» al que estaba siendo sometido por la Justicia.
La propuesta de suspensión de Alonso, por un plazo de dos meses, figura en la propuesta de resolución formulada por el TAD, cuyo contenido avanza el digital Iusport. El CSD denunció entonces que la publicación de la carta incurre en una «infracción a la disciplina deportiva prevista en el artículo 76.2 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en relación con el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764/2015».
A partir de la denuncia del CSD, el TAD abrió expediente a los dirigentes territoriales del fútbol español y nombró a un instructor para que depurase las responsabilidades de los presidentes. Según su propuesta de resolución -tras haber recibido las alegaciones de los afectados-, «la carta de apoyo a un candidato o precandidato supone un acto que pretende orientar el sentido del voto de los electores».
«Una carta de esa naturaleza -en ella se criticaban las actuaciones de Miguel Cardenal (expresidente del CSD), de Javier Tebas y de dos precandidatos a las elecciones- es perfectamente admisible, siempre que no sea suscrita por los sujetos que tienen el deber de mantener una posición de neutralidad durante el proceso electoral. Por eso, el hecho de que la carta haya sido firmada por Presidentes de determinadas Federaciones Territoriales, en su calidad de tales, es un hecho contrario a lo dispuesto en el artículo 12.4 de la Orden ECD/2764 /2015», recalca el instructor.
Los hechos «probados» constituyen una infracción muy grave de la Ley del Deporte por incumplir el deber de neutralidad, por lo que propone la suspensión de sus funciones durante un periodo de dos meses. «La sanción de destitución del cargo, por excesiva, como la amonestación pública, por insuficiente, llevan a entender que, en el presente caso, procede imponer la sanción de inhabilitación temporal en su grado mínimo», concluye el TAD.
Los frentes abiertos de Alonso
La propuesta de suspensión es solo uno más de los múltiples frentes que mantiene abiertos Jacinto Alonso con la Justicia ordinaria y deportiva. En el verano de 2017 saltó a la escena la ‘Operación Soule’, que llevó a prisión al entonces presidente de la RFEF, Ángel María Villar, por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.
Entre las ramificaciones de la trama de corrupción en el fútbol español, la Guardia Civil acusó a Alonso (responsable del Área de Formación en la RFEF) de cobrar hasta 600.000 euros en comisiones durante la gestión de las pólizas de seguros de los futbolistas federados. La tramitación de las pólizas se tradujeron en que el dirigente riojano duplicó su salario en apenas seis años.
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