La pandemia de COVID-19 ha puesto a las residencias de mayores y su gestión en el punto de mira. No sólo en La Rioja sino en toda España. Los contagios y los fallecidos se cuentan por miles en estos centros sociosanitarios, afectando a la población española más vulnerable. Las críticas se centran en la falta de personal, la falta de medios para los trabajadores, la falta de medicamentos, la falta de comunicación directa con la administración… ¿cómo están organizadas y gestionadas en la región?
Cuando uno piensa en una residencia para mayores, supone que hay dos opciones: pública o privada. La primera se antoja más barata que la segunda por motivos obvios, aunque se les presupone un mismo nivel de calidad asistencial para los residentes. Más allá de ese debate, vayamos al de las cifras y la letra pequeña de las titularidades, concesiones y gestiones de los centros sociosanitarios de La Rioja: 3.225 plazas en treinta hogares para la tercera edad (1.711 son públicas y 1.514 son privadas). Veamos cómo se reparten.
El Gobierno de La Rioja cuenta con siete entidades distribuidas en siete municipios: Logroño, Calahorra, Haro, Nájera, Arnedo, Lardero y Albelda. En total, 986 plazas cuya titularidad es del Ejecutivo regional. ¿Quiere decir que todas las plazas son públicas? Ni mucho menos. Resulta que hay tres centros (Logroño, Haro y Albelda) que tienen 41 plazas privadas adjudicadas.
¿Cómo es eso posible? Se debe a distintas casuísticas heredadas del anterior Gobierno de La Rioja, explican desde la Consejería de Servicios Sociales. En algunos casos, contratos hechos con las compañías que gestionan cada residencia para que hicieran las inversiones iniciales en las instalaciones o su construcción.
¿Están todas las residencias del Gobierno de La Rioja gestionadas por el propio Ejecutivo? Pues tampoco. Sólo dos: Lardero y Calahorra con 311 plazas entre ambas. La residencia ‘El Sol’ de Logroño está gestionada por Clece, ‘Los Jazmines’ de Haro por Viamed, ‘La Rioja’ de Albelda por Gerontoiregua, ‘Ciudad de Arnedo’ por Serunión y ‘Santa María La Real’ de Nájera por Aralia Servicios Sociosanitarios.
Otras dos residencias son propiedad de dos ayuntamientos de la región: Calahorra y Autol. Entre los dos centros suman 78 plazas públicas y, mientras que el segundo está gestionado por el propio consistorio catón, el hogar ‘San Lázaro’ cuenta con Clece a los mandos. Esta compañía lleva las riendas en un total de tres centros (dos públicos y uno privado).
Las residencias privadas
La Rioja tiene veintiún residencias privadas con un total de 2.161 plazas, aunque 688 están concertadas con el Gobierno de La Rioja y se consideran plazas públicas. Quedarían, por tanto, 1.473 camas ‘puramente’ privadas. ¿Por qué se realizan estos convenios? Básicamente para aumentar la oferta pública de camas sin realizar inversiones en grandes infraestructuras.
La consejera de Servicios Sociales, Ana Santos, explica que se hace una especie de “compra” de cada plaza a través de una licitación, por lo que cada compañía establece un precio diferente. El objetivo a medio plazo (cuando finalicen los actuales contratos con cada concesionaria) es ampliar un acuerdo marco y fijar un precio de 66 euros por usuario al día y así no tener las plazas ‘compradas’. “No se puede tomar una decisión global porque estamos sujetos a los contratos que nos hemos encontrado”, añade.
La mayoría de residencias pertenecen a congregaciones religiosas y fundaciones sin ánimo de lucro. Once no tienen ninguna plaza concertada, mientras que diez sí reservan parte de su espacio para las camas públicas. El caso más llamativo es el del Residencial Montesoria, cuyas 119 plazas se reparten al 96,6 por ciento para conciertos (115) y sólo el restante para casos puramente privado.
En el resto, los porcentajes oscilan alrededor del cincuenta por ciento para la ocupación pública. Las residencias de Alfaro y ‘La Estrella’ de Logroño son excepción al destinar sólo una cuarta parte de su capacidad.
¿Un cambio de modelo?
“Hay que tener muy claro en que el modelo ahora es asistencial y no sociosanitario. ¿Qué sucede? Las personas que entran son personas muy afectadas (dependencia de grado dos y tres) por problemas de salud. Hay que ir a un modelo sociosanitario que desahogue el modelo sanitario”, señala Ana Santos, aunque emplaza cualquier “reflexión” sobre este asunto a que finalice la pandemia de COVID-19.
El objetivo de Santos es un modelo centrado en la persona. “¿Qué exige? Un programa de atención individualizada para cada persona y mayor nivel de ratio, aunque no se puede hacer de la noche a la mañana. Cuando entran a la residencia, ahora entran ya muy afectados y no como hace diez años que eran personas que encontraban solas o se habían quedado viudas. Tenemos que tener presente que son muy dependientes”.
La consejera destaca que hay más aspectos a revisar como el “modelo mercantil” que “va encaminado al envejecimiento para lucrarse con las residencias” y que se debe hacer una gestión pública: “Con el panorama actual, es imposible ir de la noche a la mañana. Hay que debatir sobre él. ¿Qué sería ideal aunque implica mucho coste? Comenzar despacito con pequeñas residencias o pisos tutelados porque aquí no hay. Es el camino que hay que ir abriendo poco a poco”.
