La investigación que la Policía Nacional ha iniciado este lunes tras la aparición del cadáver de una niña de 5 años en una habitación del hotel Los Bracos de Logroño cobra fuerza en la hipótesis del asesinato, con la madre y la abuela de la menor como principales sospechosas.
De hecho, la máxima prioridad de los agentes es localizar a la abuela de la niña, que abandonó el hotel antes de que la Policía hallase el cadáver de la menor y a su madre con varios cortes en el cuerpo y tendencias suicidas. Desde entonces, la mujer se encuentra en paradero desconocido y su declaración puede ser decisiva en la resolución de un caso que ha conmocionado a la sociedad riojana este lunes.
Cabe recordar que la madre de la víctima ha sido trasladada de urgencia al Hospital San Pedro de Logroño, donde en todo momento ha permanecido escoltada por una patrulla de la Policía Nacional, si bien las fuentes oficiales recalcan que por el momento no se ha producido ninguna detención.
Los investigadores mantienen abiertas todas las líneas de trabajo, a la espera de que la autopsia del cadáver -que analiza el Instituto de Medicina Legal de La Rioja y sobre el que no se han apreciado indiciariamente signos de violencia- pueda aportar detalles reveladores sobre las causas de la muerte.
Al mismo tiempo, los agentes toman declaración “a todo el entorno familiar” de la menor, sobre todo después de que uno de ellos haya entregado las cartas de despedida de la madre. Aun así, la declaración de la abuela sigue siendo una pieza clave en el puzzle que trata de recomponer el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño, pues es la única a la que los agentes no tienen acceso.
Cuatro años de tormentosa relación
Cabe recordar que este juzgado ya ha abierto diligencias para determinar todas las causas del trágico suceso, en el que el padre de la niña (a quien correspondía la custodia) denunció este domingo el quebrantamiento del régimen de visitas.
Según la información a la que ha tenido acceso NueveCuatroUno, la tortuosa separación de los padres de la niña viene traduciéndose en cuatro años de visitas al juzgado para poner en conocimiento de la Administración quebrantamiento de los regímenes de visitas y cartas de contenido presuntamente amenazante por parte del entorno materno de la niña.
