La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado este martes una macrooperación en toda España contra una trama que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que habría amañado presuntuamente adjudicaciones públicas en más de cuarenta ciudades, entre las que se encontraría Logroño, para favorecer a una filial del grupo Sacyr.
Cuatro agentes han hecho un requerimiento de información en diferentes lugares del Ayuntamiento de la capital riojana. En concreto, en la Unidad de Intervención y la Unidad de Estadística, así como en la zona destinada a contratación y obras. Durante más de cuatro horas, los investigadores han estado solicitando información a los funcionarios de la casa.
Pasadas las 13,30 horas, los miembros de la UDEF abandonaban las dependencias del Consistorio logroñés con cuatro cajas con abundante documentación, que pasa ahora a estar bajo secreto de sumario.
Más de seiscientos efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo, según las informaciones conocidas a primera hora del día, y existen órdenes de detención contra más de sesenta supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales.
La UDEF ha programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios. Entre los ayuntamientos bajo sospecha, se encuentran Arroyomolinos (Madrid), Navalcarnero (Madrid), Fuenlabrada (Madrid), Barcelona, León, Astorga, Oviedo, Huesca, Teruel, Lérida, Zaragoza, Málaga y A Coruña, entre otros puntos de la geografía nacional.
Gespol, bajo sospecha
La policía investiga una empresa tecnológica situada en Cataluña y que se llama Aplicaciones Gespol S.L, una firma del grupo Sacyr, que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios.
El Ayuntamiento de Logroño implantó este sistema en 2014, aunque lo suprimió el pasado mes de mayo por “falta de adecuación del producto ofertado a los requisitos exigidos”.
El portavoz del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz explicó en su momento que la adquisición de Gespol 7 era una iniciativa que se había estudiado y comparado con diferentes modelos y herramientas de gestión policial por toda España, principalmente en las comunidades de Madrid y Cataluña.
“El programa Gespol, de gestión policial, ya se utiliza en otros municipios españoles, pero es en Logroño donde se pone en marcha su última versión, la séptima, perfeccionada y con más posibilidades de integración y compatibilidad con otras bases de datos”, explicó el concejal.
Un 22% de baja
El sistema fue adjudicado por un importe de 44.745 euros, con un 22% de baja. El mantenimiento, una vez finalizado el año de garantía, ascendía a 8.000 euros anuales. El contrato se formalizó en enero de 2015, y el suministro de la aplicación se realizó en un año. Fue en enero de 2016 cuando comenzó la implantación de Gespol en la Policía Local de Logroño.
“En 2017 comenzó la segunda fase de su implantación, que consiste en la formación para su uso, que se realiza a cada unidad y agente en función de su especialidad y nivel de acceso”, apuntó el concejal de Interior, cuyo desarrollo se prolongaría hasta la mitad de 2018.
Resolución del contrato
La Junta de Gobierno local aprobó el pasado mes mayo abrir un expediente al sistema ahora investigado por la UDEF, “dada la falta de adecuación del producto ofertado a los requisitos exigidos”. El acuerdo decidía resolver el contrato y solicitar una indemnización por los daños y perjuicios.
Un informe del departamento de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Logroño advertía, a fecha de 25 de abril, de que “los problemas, vicios y defectos detectados en el producto suministrado por la adjudicataria pese a los esfuerzos combinados, durante el tiempo de ejecución, de los responsables de Policía Local y Nuevas Tecnologías por probar, verificar, ajustar, configurar y poner en marcha de forma efectiva dicho sistema, finalmente han llevado a la conclusión de que, en las condiciones actuales y próximos a la finalización del periodo de garantía, las deficiencias que persisten en el producto lo hacen no apto para el objeto pretendido”.
