Los portavoces de los grupos municipales en la oposición en el Ayuntamiento de Logroño han comparecido este martes inmediatamente después de que Miguel Sainz explicara el requerimiento de información desarrollado por cuatro agentes de la UDEF durante más de cuatro horas en el Consistorio.
La primera en hacerlo ha sido Beatriz Arraiz (PSOE), quien ha apelado a la “prudencia”, ya que en ese momento ningún grupo municipal había recibido todavía información directa de miembros del equipo de Gobierno.
Arraiz ha indicado que el contrato de Gespol “ha estado en tela de juicio” desde su adjudicación en 2014 a la empresa Bilbomática y se ha regido por el “oscurantismo”, aunque “en su desarrollo, no en su licitación”. La portavoz socialista ha recordado que en mayo (cuando se resolvió el contrato por “problemas de implantación”) Ciudadanos ya solicitó la comparecencia de varios funcionarios municipales y del propio Miguel Sainz.
La edil se ha mostrado sorprendida por el hecho de que la resolución del contrato de Gespol se decidiera “cuatro años después de haberlo adjudicado”, lo que invita a pensar a su grupo que “no se estaba siendo claro en cuanto a la evolución del servicio”.
Más severo ha sido Gonzalo Peña al señalar que “esto va más allá de Logroño” y demuestra que “la corrupción es inherente al sistema”. “Parecía que Gespol venía a combatir la delincuencia y ahora forma parte de ella”, ha ironizado, criticando que “en diciembre Miguel Sainz hacía alabanzas a este sistema y a cómo funcionaba para resolverlo en mayo”.
Según Cambia, al portavoz del equipo de Gobierno “se le ha olvidado” apuntar que “la empresa no debió presentar alegaciones a la resolución” y que “se preveían ampliaciones de servicios con ese contrato”, concluyendo que “algo huele a podrido en este asunto y alguien tiene que dar explicaciones serias” al respecto.
Por su parte, María Luisa Alonso (Cs) ha subrayado el “máximo respeto al secreto de sumario y a las decisiones judiciales”, así como el apoyo a los agentes de la UDEF y a los jueces. La portavoz naranja ha defendido que “era necesaria la rescisión del contrato con Gespol porque el software no estaba funcionando y ocasionó errores importantes en el volcado de datos”. Además, ha apostillado que la empresa adjudicataria “se troceó” en 2016 para venderla a otra.
“Daño a la imagen de Logroño y al Ayuntamiento”
Tras la reunión con la alcaldesa en la que se ha informado a los grupos sobre los detalles de la operación policial en el Ayuntamiento, Rubén Antoñanzas (PR+) ha señalado que “toda la investigación está protegida por el secreto de sumario, aspecto que desde el Partido Riojano respetamos”.
“Lamentamos el daño que todo esto supone para la imagen de Logroño y de la institución”, ha subrayado el edil, que confía “en una rápida resolución en el sentido que sea por parte de la Justicia, que permita esclarecer si hubiera existido algún tipo de irregularidad en la contratación o el cobro de comisiones”.
