El Tribunal del Deporte de La Rioja ha admitido a trámite una denuncia presentada por Gustavo Sáenz contra seis miembros de la junta directiva de la Federación Riojana de Fútbol (FRF), a los que acusa de una reiterada “falta de transparencia” al negarle el acceso a una documentación que viene reclamando por las vías ordinarias desde hace más de un año.
La denuncia la presentó Sáenz el pasado 24 de noviembre, después de reclamar a la Federación que le aportase documentación relativa a los ejercicios presupuestarios 2015-2016 y 2016-2017 para aclarar “ciertas partidas que me llaman la atención”.
En concreto, esas partidas sospechosas a ojos de Sáenz consisten en 94.000 euros agrupados bajo el apartado ‘Gastos secciones varios’, 99.000 euros en concepto ‘Varios’ y 69.000 euros para justificar gastos relativos a ‘Comunicación/material’. En total, las tres categorías representan un montante de 262.000 euros con cargo al presupuesto de la temporada 2015-2016, si bien no es el único aspecto que genera recelo en quien fuera candidato a presidir el fútbol riojano en agosto de 2016.
“De la temporada 2015-2016 a la 2016-2017 se pasó de presupuestar 150.000 euros para gastos de desplazamiento de los deportistas a 70.000”, indica a NueveCuatroUno Gustavo Sáenz, quien detalla que también ha requerido en dos ocasiones (al término de los comicios federativos y el pasado mes de agosto) otra información como la relación de contratos suscritos entre la Riojana y compañías aseguradoras externas, el contrato de arrendamiento de un piso a nombre de la FRF en Madrid o un detalle del patrimonio federativo (mobiliario e inmobiliario) y documentos que acrediten las relaciones contractuales con sus proveedores.
“Me sorprende que haya tantos vocales en la junta directiva (tiene veintitrés) y que ninguno tenga la misma curiosidad que yo en conocer las cuentas de la federación”, ironiza Sáenz. Este medio ha consultado sobre esta cuestión a la Federación Riojana de Fútbol, que asegura que a las 18 horas de este lunes no tenía constancia de dicha denuncia.
Más asuntos judiciales
No es la única causa que mantiene enfrentados a la FRF y a Gustavo Sáenz por la vía judicial. Este martes declaraban ambas partes ante la Justicia ordinaria a cuenta del título de entrenador del que fuera candidato a presidir el fútbol riojano. El Juzgado de Instrucción número 1 ejerce de mediador ante una denuncia presentada contra Sáenz por el Comité Técnico de Entrenadores, al considerar inválida la documentación presentada para obtener el título de entrenador en el Nivel 1.
Gustavo Sáenz sostiene que “me saqué el título y, tras muchas zancadillas a la hora de colegiarme, tuve que denunciar ante el Tribunal del Deporte de La Rioja, que se manifestó a mi favor y obligó a la Federación a tramitar la licencia”. Sin embargo, la resolución del tribunal no convenció al Comité Técnico de Entrenadores (CTE), que recurrió a la Justicia al entender que Sáenz podría haber falsificado la documentación necesaria para el trámite.
Aquí es donde chocan ambas versiones. Mientras el excandidato a la presidencia de la FRF defiende que “tengo todos los papeles que me pidieron” y que todo responde a “una persecución que estoy sufriendo desde que me presenté a las elecciones”, Jesús Sáenz de Pipaón (presidente del CTE) asegura que “se niega a entregarnos la cartilla que acredita que ha realizado las 455 horas de prácticas” que exige la normativa para homologar el título.
Llegados a este punto, desde la Federación aseguran tener “serios indicios” de que Gustavo Sáenz obtuvo el título en una escuela ‘pirata’ de entrenadores. Se refieren a la madrileña CENAFE (Centro Nacional de Formación de Entrenadores) y sus sospechas nacen de la presunta “imposibilidad” de que el acusado realizara sus prácticas presenciales en la capital de España, ya que “en esas mismas fechas estaba en Nájera”.
El presidente del CTE señala que “no tenemos nada en contra de Gustavo Sáenz; le pedimos lo mismo que a cualquier otro”, pero considera “sospechoso” que “haya ido a Madrid a sacarse el título cuando en otras ciudades del entorno como Pamplona o Vitoria se imparte la misma formación”. Ahora le toca a la Justicia determinar quién tiene la razón.
