El Gobierno ha escenificado este viernes el cambio en la representación del campo tras firmar con la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos su paquete de medidas para resolver la crisis del sector, al que por ahora han dado la espalda las organizaciones ASAJA y COAG.
Continúan, por tanto, las negociaciones para rediseñar nuevos acuerdos y dar por fin con el documento clave que complazca a todas las partes implicadas. Un tira y afloja entre unos y otros que parece no tener fecha de fin, por el momento. Mientras, las campañas agrícolas se siguen sucediendo y los productores no cesan en su reclamo de lograr una rentabilidad para sus explotaciones, confiando en que las tractoradas que protagonizaron el pasado mes de febrero den sus frutos.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha suscrito el plan con el coordinador de Unión de Uniones, Luis Cortés, y ha confirmado que modificará el “marco” que determina la representatividad de las organizaciones agrarias y su interlocución con el Ejecutivo. Unión de Uniones se convierte así en la segunda organización agraria en firmar el documento por detrás de UPA, que lo hizo el miércoles.
La firma no solo simboliza la intención de poner fin a las protestas y apoyar las medidas, sino también un cambio en las relaciones que habían mantenido hasta ahora las organizaciones agrarias. Asaja, COAG y UPA son las tres organizaciones presentes en el Consejo Asesor Agrario, que tiene interlocución directa con el Gobierno, y han llevado a cabo un calendario de movilizaciones distinto del de Unión de Uniones, que reclama elecciones en el campo para lograr representación nacional.
En su comparecencia, Planas ha anunciado la decisión del Gobierno de modificar el “marco de representación” de los portavoces del campo y su actualización “mediante medición por criterios objetivos”, que determinará la interlocución entre el Gobierno y las organizaciones agrarias. Con este movimiento, Planas accede a una demanda central de Unión de Uniones, actualmente fuera del Comité Asesor Agrario, que ha estado negociando las medidas a raíz de las protestas agrarias.
El plan de medidas incluye la simplificación y la flexibilización de la Política Agraria Común (PAC) en la aplicación de las condiciones de las ayudas directas de la PAC a la gestión de la labranza, la cobertura mínima del suelo, la rotación de cultivos y el porcentaje mínimo de superficie dedicada al barbecho.
También figuran incentivos para aplicar el cuaderno digital de explotación, que será voluntario; y la prórroga de un año en la aplicación del plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas y del plan abonado de cultivos, entre otras medidas.
Se plantea el mantenimiento de la fiscalidad del gasóleo agrícola y la deducción de un 35 por ciento de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario, y de un 15 por ciento de la de fertilizantes; y la reducción general del 15 por ciento en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023 en el método de estimación objetiva de IRPF.
Asaja y COAG no lo respaldan
Después de que UPA se descolgara el miércoles de la unidad de acción dando su visto bueno al plan, la junta directiva de Asaja ha afirmado este viernes que las propuestas del Gobierno son “insuficientes” frente a la grave crisis del sector. Aunque hay una parte del documento que considera “positiva”, como la relacionada con la flexibilización de la PAC y las rebajas fiscales, echa en falta medidas en cuestiones concretas como la reciprocidad de las normas en las relaciones comerciales con terceros países.
Para Asaja, faltan medidas que competen a otros ministerios, como las bonificaciones en las cotizaciones, la adaptación de la reforma laboral a las campañas agrícolas y la aplicación estructural de la doble tarifa eléctrica. En su opinión, la ganadería es “la gran olvidada del documento”, pese a requerir un plan específico, y “no se plantean soluciones a problemas estructurales como el agua, los seguros agrarios y el relevo generacional”.
Por su parte, COAG ha rechazado firmar el plan y ha subrayado la “pérdida de confianza” hacia el ministro Luis Planas por “no respetar los procesos de toma de decisión de cada organización” tras sus actuaciones de los últimos días. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha señalado en un comunicado que actualmente “no se dan” las condiciones “para poder pensar que aquellas medidas que dependen de la voluntad y el medio plazo se va a llevar a cabo en los términos que recoge el documento”.
La organización ha reconocido avances “en líneas generales”, si bien se deben concretar varios apartados, como el relativo al lobo y otros que atañen a la ganadería. También ha lamentado que no se haya avanzado más en evitar la competencia desleal de las importaciones, adaptar el seguro agrario al cambio climático y apoyar más a los productores frente al aumento de los costes. El próximo lunes se reunirá el pleno de COAG, máximo órgano de decisión entre sus asambleas, para definir la nueva hoja de ruta.
