El gerente del Servicio Riojano de Salud (Seris), Jesús Álvarez, ha percibido una media de 5.900 euros al mes por guardias, pasar consulta como anestesista o participar en operaciones, a pesar de que legalmente no puede hacerlo. Así lo ha afirmado este miércoles la diputada socialista María Somalo, que ha detallado que, aunque no es oficial todavía, ya se ha decidido que el actual gerente del SERIS sea sustituido y pase a otro cargo en el que sí podría realizar esas funciones asistenciales, que serán asignadas por él mismo.
Jesús Álvarez fue nombrado por el actual Ejecutivo regional en agosto de 2023 “y desde entonces percibe retribuciones añadidas a lo que le corresponde” pese a que “es un alto cargo del Gobierno de La Rioja y eso determina que tiene una serie de incompatibilidades” como el realizar actividad asistencial, ha afirmado la exconsejera de Salud en la pasada legislatura.
Además, ha proseguido, Álvarez tuvo que realizar una declaración ante notario de sus actividades, para acreditar que no tiene incompatibilidades, y “no consta ni consultas ni operaciones y tampoco lo percibe por ello” y “solo hace constar actividades no remuneradas”.
Somalo ha explicado que el sueldo del gerente del SERIS “viene determinado por la ley presupuestaria” que establece que sea similar al de un viceconsejero, es decir de 72.825 euros brutos al año, lo que supone 5.200 euros al mes.
Pero ha podido comprobar que en septiembre de 2023 percibió casi 14.000 euros, en octubre más de 8.190, en noviembre llegó a los 11.600, en diciembre -mes que incluye una paga extraordinaria- se acercó a los 15.500, en enero casi 9.500 y en febrero superó los 13.000. Es decir, en seis meses ha recibido una media de 5.900 euros al mes más de lo que le correspondería por el salario de su puesto.
Somalo ha recalcado que “además, esta situación supone un claro conflicto de intereses porque él mismo se provee de la actividad asistencial” con lo que “incumple el deber de actuar con imparcialidad, independencia y dedicación exclusiva”.
La diputada socialista ha lamentado la falta de transparencia del Ejecutivo regional, ya que pidió esta información a través del Parlamento regional “pero me contestaron desde las consejerías de Salud y Hacienda que era un volumen excesivo de información y que por eso tenía que ir a la Consejería (de Salud) a verla” algo que “hice, en una pantalla de ordenador”, ha relatado.
De hecho, ha interpuesto una queja ante la Mesa del Parlamento por esta cuestión “y les han reclamado que me den la información, en el plazo de 15 días, para poder trabajar”, ha asegurado Somalo.
Nuevo puesto sin publicar en el BOR
Por otro lado, la diputada socialista ha subrayado que Álvarez “es a día de hoy el gerente del SERIS” porque “aunque en la reunión del Consejo de Administración la consejera (María Somalo) anunció que iba a haber un cambio y dijo quién le iba a sustituir, el cese no se ha publicado en el Boletín Oficial, tampoco el nombramiento y esa persona no ha tomado posesión del cargo”.
En esa misma reunión, ha añadido, “se explicó que a Álvarez se le dejaba en un nuevo puesto, el de la gerencia de Atención Hospitalaria” que “en realidad es un puesto que ya estaba creado” y “creemos que en realidad este paso se da para tapar una ilegalidad”.
Además, afirma que “en noviembre crearon por decreto ese puesto y a la semana siguiente, por una orden, se habilitó a algunos cargos para poder hacer actividad asistencial, cuando sea necesario, entre ellos el gerente de Atención Hospitalaria puede” pero “no el gerente del SERIS”.
Para ella “no se refuerza atención sanitaria” con ese nuevo puesto “sino que es una estrategia para dar apariencia de legalidad y habilitar a este señor para que siga cobrando estas cantidades desorbitadas” algo que sucede con “el consentimiento expreso de la consejera de Salud (María Martín), del de Hacienda (Alfonso Domínguez) y del presidente del Gobierno regional (Gonzalo Capellán)”.
Somalo ha incidido en que ella y su partido han tenido “paciencia” para esperar a tener datos concretos sobre esta situación “pero esto no se va a quedar en una mera denuncia pública” y “ahora vamos a mantener esa paciencia para estudiar cómo llevarlo a los tribunales, porque queremos que tenga consecuencias jurídicas, para quien ha tenido esta actuación y para quien lo ha consentido”.
