El PSOE de La Rioja estudia trasladar a la Fiscalía de La Rioja la medida del Gobierno regional de eximir a las empresas adjudicatarias del sector de la Dependencia de la imposición de penalidades, ante posibles incumplimientos de las ratios de personal en residencias y centros de día para mayores.
Así lo ha afirmado este martes la diputada socialista Ana Victoria del Vigo, en una rueda informativa, en la que también ha anunciado que los socialistas trasladarán esta iniciativa del Ejecutivo riojano al Defensor del Pueblo porque “es contraria al derecho de los usuarios en las residencias y tiene dudoso encaje jurídico”.
Del Vigo ha recordado que el pasado día 26 se publicó en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) la resolución que “exime a las empresas privadas de la obligación de cumplir con el numero de personal estipulado” en los pliegos de licitación de la Administración Pública.
“A estas empresas no se les multará por no tener la cantidad de trabajadores que indique la normativa, unos ratios que necesitan una mejora, no rebajar las exigencias con medidas como esta, que supone un claro beneficio a las empresas gestoras, que ven cumplida así una de sus reivindicaciones históricas”, ha explicado.
Por ello, también ha avanzado que el Grupo Socialista “presentará diferentes iniciativas ante el Parlamento para exigir al Gobierno de La Rioja que retire de inmediato esta resolución que deteriora de forma grave los servicios públicos”. Ha asegurado que “no es cierto que haya falta de profesionales, por ejemplo, la rama sanitaria, en su modalidad de auxiliar de enfermería, es en Formación Profesional (FP) una de las más demandadas en nuestros institutos”.
“La calidad en estos servicios depende única y exclusivamente de la dotación de personal que tenga en sus plantillas”, ha destacado esta diputada, quien ha añadido que se trata de “un sector en el que debe primar el interés de la ciudadanía”.
Ha incidido en que “un Gobierno responsable debería aportar a estos centros los suficientes recursos humanos y materiales, y no llevar a cabo medidas que supongan todo lo contrario: el deterioro del sistema de dependencia y de un servicio público fundamental”.
Además, ha lamentado “la preocupación que esta resolución va a generar entre los familiares”, a lo que se suma que “se debe recordar que las empresas del sector ofertan y cobran una serie de servicios y de atención especializada que no se va a prestar”.
