El fiscal ha rebajado de 14 años y 4 meses a 12 años y 4 meses de inhabilitación su petición de pena al exalcalde de Arnedo Juan Antonio Abad como presunto autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos; y la defensa ha insistido en su absolución al no estar acreditados estos hechos.
La Audiencia Provincial de La Rioja ha celebrado este viernes la segunda jornada del juicio contra Abad, quien no ha utilizado el derecho a tomar la palabra al término de la vista, en la que han declarado varios trabajadores del Ayuntamiento de Arnedo y dos agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
En su informe de conclusiones definitivas, el fiscal ha subrayado que Abad “no ha querido cumplir con la obligación que tenía como alcalde de restablecer la legalidad urbanística” en relación a la “multitud” de construcciones ilegales en la zona protegida de las huertas del Cidacos.
“Si imponía una sanción, era porque suponía un beneficio económico y un ingreso para el Ayuntamiento. El particular lo sabe y no le importa, pagaba la multa porque sabía que después no demolían (las construcciones ilegales). Eso ha ocurrido en todos los casos”, ha asegurado.
Muchas construcciones ilegales se edificaron en suelo urbanizable, donde hubo no demoliciones, por lo que cuatro años después no se pueden derribar, ha apuntado.
“La voluntad de Abad -quien fue alcalde por el PP entre 2003 y 2015- fue regularizar lo ilegalmente construido, no demoler, sino legalizar”, ha insistido el fiscal, quien ha apuntado que los expedientes que se tramitan “quedan en el aire y no sirve para nada”.
Ha explicado que los funcionarios de Urbanismo acababan cerrando los expedientes porque “no requerimientos no eran ejecutados por parte de Abad”, a quien ha reprochado su “conducta omisiva”. Tampoco se llegaron a impone “multas coercitivas” a los infractores, lo que a su juicio supone “una forma turbia y espúrea de soslayar el cumplimiento de la legalidad”.
Por su parte, la defensa de Abad ha recalcado que cuando éste llegó a la Alcaldía en 2003 había ya unas 1.800 edificaciones ilegales en el municipio, por lo que puso en marcha una unidad de Urbanismo y creó la figura del inspector de obras para vigilar las construcciones ubicadas en suelo protegido o no urbanizable.
“No hubo conducta pasiva o permisividad por parte de Abad”, ha subrayado esta abogada, quien ha pedido que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. También ha rechazado la “omisividad” del exalcalde popular durante sus mandatos, ya que en esos años se impusieron sanciones y se liquidaron, con el fin de destinarlos a inversiones en los presupuestos municipales.
En este sentido, ha considerado “inverosímil y no acreditado” que Abad no quisiera imponer sanciones y ha citado algunas de ellas, que ascendieron hasta 65.000 euros, una cifra que “no se puede asumir con facilidad” por parte de los particulares.
Esta situación generó “alarma social” en el municipio, de modo que se crearon plataformas ciudadanas contra el Ayuntamiento, ha recordado esta letrada.
Ha considerado que algunos expedientes sancionadores no se tramitaron a tiempo porque en esa época la unidad de Urbanismo tenía un volumen de trabajo “excesivo” y desde 2012 acumuló “un retraso injustificado” en la tramitación.
