Una exfuncionaria del Ayuntamiento de Arnedo ha asegurado este viernes que nunca se realizó ninguna demolición por ejecución subsidiaria de las edificaciones ilegales construidas en la zona protegida de las huertas del Cidacos y, pasado un tiempo, se archivaban sin que se realizasen los derribos.
Esta trabajadora ha declarado como testigo en la segunda sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de La Rioja contra el exalcalde de Arnedo Juan Antonio Abad, a quien el fiscal pide 12 años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa y de omisión del deber de perseguir delitos y la defensa su absolución.
Esta empleada pública en el departamento de Urbanismo del Consistorio arnedano entre 2005 y 2018 ha constatado el descontrol que había desde finales de los años 80 en relación al cumplimiento del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural (PEPMAN) en la zona protegida del Cidacos, donde se llegaron a cuantificar hasta 1.800 construcciones, según un censo.
En este espacio, ha relatado, había antiguamente pequeñas huertas dedicadas a autoconsumo, donde se comenzaron a construir casetitas para guardar los aperos, que se fueron ampliaron y se convirtieron en zonas de recreo no residenciales. “Debido al alto nivel de dinero negro que había en Arnedo, muchas de las inversiones se hacían allí”, ha constatado.
FOTO: EFE/ Raquel Manzanares.
A pesar de que el Ayuntamiento arnenado iniciaba los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística, ha explicado, los expedientes administrativos no concluían con el derribo de las construcciones ilegales por parte de los propietarios, o con la demolición por ejecución subsidiaria, por el Consistorio. Según esta funcionaria, la ejecución subsidiaria era un trámite que correspondía incoar al alcalde.
Tampoco se pudo ordenar la zona de la huerta por áreas, algo necesario tras la expansión de las edificaciones, lo que provocó una proliferación de postes de luz y pozos de agua, ha agregado. Esta técnico de Urbanismo ha recordado que cuando se incoaban los expedientes sancionadores surgían plataformas ciudadanas que censuraban las actuaciones del Ayuntamiento.
Más testimonios
Otra técnica que trabajó en el Ayuntamiento desde 1995 ha indicado que el PEPMAN establecía la posibilidad de realizar planes especiales de regularización urbanística, pero era una figura que “no tuvo buena acogida” en la administración autonómica.Tras recibir una comunicación de la Fiscalía, remitió un informe y le respondieron que la situación era administrativa y no penal, por lo que le recomendaron que continuasen con la tramitación de los expedientes.
El exjefe de la Policía Local de Arnedo ha testificado que el tema urbanístico era “complicado” para los agentes, por lo que solicitó una formación “adecuada”, ya que durante “muchos años” realizaban fotos en la fincas. Ha desmentido que los policías locales se negasen a realizar acciones de vigilancia fuera del casco urbano, como argumentó Abad el día de su declaración. “Era de conocimiento público que los vecinos que hacían una obra sin licencia, al hacer el presupuesto ya incluían en la valoración el posible importe de la sanción del Ayuntamiento”, ha relatado.
En el juicio también han declarado por videoconferencia dos agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que instruyeron varios atestados en base a 41 expedientes de disciplina urbanística, como consecuencias de diversas “irregularidades”.
Han explicado que el Ayuntamiento comunicaba a los denunciados las órdenes de paralización de las obras o de restauración de la legalidad urbanística, si ya estaba todo edificado, pero después no había procedimiento sancionador y los expedientes se archivaban, sin ninguna demolición.
