La Rioja

Casco Antiguo en estado de ruina: desesponje y derribos en Calahorra

El Ayuntamiento de Calahorra ejecuta estas semanas varios derribos en el corazón de la ciudad bimilenaria. Todo ello, dentro del plan para desesponjar el Casco Antiguo y además evitar siniestros que pongan en peligro a los vecinos de la zona. En concreto, tres demoliciones en varias calles del barrio.

Mientras se derriban por emergencia dos inmuebles en la calle Enramada (13) y Rufo (29), dentro de los procesos ordinarios de derribos también se ejecuta el de la calle San Andrés (13), que incluso ha mantenido durante algunos días la calle cortada al tráfico.

No van a ser los últimos en un corto plazo de tiempo. La empresa Hermanos Vea se hacía hace unas semanas con la adjudicación de los contratos de obras de los derribos del inmueble, ubicado en el número 20 de la calle Estrella, por un precio de 90.368,12 euros, y del edificio de la calle Portillo de la Plaza, 29, que ha sido adjudicado por 70.223,92 euros.

La primera de las edificaciones está declarada en ruina desde el 23 de marzo de 2019 y en la actualidad está en desuso y abandonada. El plazo de ejecución para su demolición es de tres meses. El segundo inmueble también se encuentra en estado de ruina desde el 11 de abril de 2022 y el plazo de ejecución para su derribo es de ocho semanas.

En las últimas semanas también se ha aprobado el proyecto de derribo conjunto de los edificios colindantes y situados en las calles San Andrés, 1 (parcial), Navas, 16 (parcial) y Estrella, números 15 (parcial) y 17, cuyo presupuesto de contrato asciende a 266.380,86 euros.

Los cuatro inmuebles están declarados en ruina y se demolerán por ejecución subsidiaria ante el incumplimiento de los propietarios para que procedieran a su derribo. Son edificios deshabitados y no constituyen domicilios de nadie, según ha dictaminado el informe técnico.

El proyecto ha sido redactado por el arquitecto calagurritano Jesús Gil-Alías, que será también el encargado de la dirección facultativa y de la coordinación de seguridad y salud de las obras. El estado de conservación de todas las edificaciones es pésimo, con ruinas físicas y con derrumbes parciales, así como con las instalaciones y acabados desaparecidos o fuera de servicio. El plazo de ejecución para derribar conjuntamente estos cuatro edificios es de cuatro meses.

Todos estos edificios se encuentran registrados dentro del plan del Ayuntamiento de Calahorra para afrontar un problema que viene de lejos y que el equipo de gobierno se ha propuesto afrontar con el objetivo principal de frenar el deterioro inminente del barrio. Con 360.000 metros cuadrados y la pobreza en el material constructivo de sus edificaciones, en el Casco Antiguo existen un total de 1.501 inmuebles con 3.429 viviendas, que representan casi el 60 por ciento de las casas de la ciudad.

Según los técnicos del Ayuntamiento de Calahorra, la zona más degradada del barrio tiene una superficie de 270.000 metros cuadrados y alberga 1.052 edificios con más de 50 años de antigüedad. De ellos, 178 están en mal estado y en 28 se han iniciado expedientes de ruina.

Tras la muerte de una mujer en un derrumbe el pasado mes de agosto, la alcaldesa Mónica Arcéiz se comprometió a derribar ocho inmuebles antes de que finalizase el año. Además, el consistorio inspecciona otras 150 edificaciones que se encuentran en mal estado para saber exactamente su situación y después requerir a los propietarios su reparación o su demolición.

Otra de las medidas que el consistorio llevará a cabo es la actualización del padrón municipal para depurar las posibles situaciones irregulares. Los funcionarios han detectado que hay propietarios que para sacar mayor rendimiento de su propiedad multiplican las estancias (sin permiso) para acoger a más personas como inquilinas. En muchas ocasiones, estas no reúnen las condiciones de salubridad precisas para habitarlas dignamente.

Con la vista a medio y largo plazo, la posible solución del barrio pasa por la articulación de una nueva ordenanza sobre inspección de viviendas antiguas y la modificación de la actual ordenanza para la concesión de ayudas a la rehabilitación de viviendas.

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