Un centenar de personas se han concentrado este viernes frente al Gobierno de La Rioja para exigirle que rescinda el contrato de seguridad privada del Servicio Riojano de Salud (Seris), adjudicado a la empresa Norvik Security, ante “los continuos retrasos” en el pago de las nóminas a los trabajadores.
Así lo ha afirmado el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO La Rioja, José Antonio Torres, en un encuentro informativo durante el transcurso de esta concentración, en la que los participantes han portado banderas de los sindicatos convocantes y han realizado pitadas.
También han intervenido en este encuentro el responsable de Comunicación de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT La Rioja, Fernando Vega; y el portavoz nacional de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Javier Iglesias.
Torres ha explicado que hay “un impago sistemático de las nóminas de los trabajadores por parte de la empresa encargada de la seguridad del Seris” y “cerca de 100 familias están afectadas por estos continuos retrasos”, que se concretan en que, “en la actualidad, se adeuda la nómina de octubre y el próximo día 5 se adeudaría la de noviembre”.
Ha indicado que “no hay seguridad porque hay días en los que solo ha estado un vigilante en el centro de control” y “eso es una falta de competencia de la Administración pública, que tiene que poner los medios para adjudicar los contratos de licitación a empresas solventes”.
“Hay que modificar la Ley de Contratación Pública para que las administraciones no dejen la seguridad a este tipo de empresas, que lo único que vienen es a lucrarse y se olvidan de los trabajadores”, ha subrayado.
Por su parte, Vega se ha referido a “la situación insostenible que viven los vigilantes de Norvik Security en esta región” por “los retrasos en los impagos que se producen, de forma aproximada, desde el pasado abril, y ahora la situación es que no cobran sus nominas desde octubre y no creemos que las vayan a cobrar”.
Ha señalado que “el problema de los nuevos concursos (de adjudicación) es que la empresa a la que se conceda la seguridad tendría que hacerse cargo de todas las deudas y, evidentemente, ninguna empresa va a querer hacerlo”.
En su intervención, Iglesias ha exigido “una contratación pública responsable por parte de las administraciones, en las que no puede primar el criterio económico por encima de la calidad de los servicios”.
“Los usuarios son afectados en este sentido porque, detrás de cada demora del pago de salarios, hay un incumplimiento del convenio y un absentismo que está derivando en problemas de salud laboral”, ha resaltado.
