El fiscal pide para el exalcalde de Arnedo Juan Antonio Abad la pena de 14 años y cuatro meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público como presunto autor de los delitos continuados de prevaricación administrativa -13 años- y de omisión del deber de perseguir delitos -1 año y 4 meses-.
En su escrito de acusación inicial, de 152 páginas y al que ha tenido acceso EFE, el ministerio público analiza 38 expedientes y considera presunto autor de diferentes conductas delictivas al investigado, quien fue alcalde de Arnedo, en las listas del PP, desde junio de 2003 a junio de 2015.
La Audiencia Provincial de Logroño acogerá, el próximo 12 de diciembre, este juicio contra Abad, a quien, como primer edil, le correspondía el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente, señala el fiscal.
Explica que “toda la respuesta administrativa realizada por el investigado ante conductas que contravienen la legalidad urbanística queda en una pura apariencia; los procedimientos se tramitan formalmente, pero no se cumple en la realidad lo que en ellos se resuelve”.
También detalla que “si se ordena la paralización de las obras ilegales, ésta no se respeta y las construcciones se realizan”.
“Si se ordena la demolición de las obras ilegales, ésta no se ejecuta por el Ayuntamiento ante el incumplimiento del particular, y la construcción ilegal se consolida”, precisa el fiscal, para quien “no se expedienta ni se sanciona al particular que comete una infracción urbanística”.
Tolera construcciones ilegales
También considera que “los hechos y la repetición de un mismo patrón de comportamiento” acreditan que existe en este exalcalde “un designio consciente, voluntario e ilegítimo de tolerar absolutamente la realización de construcciones y edificaciones ilegales” en Arnedo.
Los motivos o pretextos alegados para explicar estas conductas, como “oportunidad política, búsqueda de la tranquilidad social”, carecen, para el fiscal, de cualquier amparo legal, aunque se invoque un sedicente “interés general”, que nunca puede ser contrario a la observancia y cumplimiento de la ley.
El fiscal considera que “se instaura un régimen perverso, contrario a una sociedad sana y respetuosa de la ley, que opera en una doble dirección, en un comportamiento típico de una sociedad regida por el caciquismo”.
Por un lado, detalla, “una generalidad de particulares presiona a la autoridad para que le permita realizar y consolidar construcciones que todos saben son ilegales”; y, por otro, “la autoridad mantiene tácitamente sobre aquéllos la potestad, ejercitada por puro arbitrio en algún momento, según convenga, de sancionar económicamente las ilegalidades cometidas y hasta de derribar las obras ilegales”.
Más de 1.500 construcciones ilegales
En la causa consta la existencia de más de 1.500 construcciones ilegales en Arnedo, principalmente en el suelo no urbanizable protegido de las Huertas del Río Cidacos, de las que sólo han sido sancionadas “una pequeña parte”, sin que conste que alguna se haya demolido, señala el fiscal.
Ello genera en la población “un sentimiento de impunidad” y “una pérdida o una acentuada disminución de la noción del respeto a la legalidad”, según el fiscal; y se crea “un entramado de favores y silencios” por cuenta de quienes ostentan las potestades administrativas.
También señala que Abad, “de forma consciente y deliberada” y estando obligado a ello, no realiza ninguna acción administrativa que represente un obstáculo material y eficaz a la ejecución y a la permanencia de obras y construcciones ilegales.
“A lo sumo, en contadas ocasiones, hace que se tramite un expediente sancionador urbanístico, cuya única consecuencia efectiva es pecuniaria: allegar fondos a las arcas municipales”.
Además, entiende que firma resoluciones cuya eficacia es meramente formal, “circunstancia que conoce perfectamente”: se deniegan licencias de obra, se abren expedientes de protección de la legalidad urbanística, se ordena la paralización de obras ilegales y se solicitan informes a los técnicos y funcionarios municipales.
Añade que se requiere al promotor para que restaure la legalidad urbanística, se acuerda la demolición de las obras ilegales, se dan por concluidos los expedientes de legalidad urbanística y se ordena su archivo, entre otras actuaciones.
Se consolidan las ilegalidades
Abad, precisa el escrito el fiscal, “nunca ordena ni hace ejecutar el precinto de las obras ilegales tras desobedecerse la orden de paralización inmediata de las obras” y “nunca hace cumplir la ejecución forzosa de la orden de demolición o de restauración de la finca al estado anterior a las obras ilegales”, una vez que los particulares no han atendido el requerimiento que se les ha hecho.
Los decretos en los que se advierte de una ejecución forzosa, mediante ejecución subsidiaria por el Ayuntamiento a costa del interesado, resultan “inefectivos e inejecutados” y esa ejecución forzosa no se realiza, precisa el fiscal, con lo que “se consolidan plenamente, en la realidad física de la ordenación urbanística, las ilegalidades perpetradas”.
Cree que el exalcalde instaura el mecanismo por el que, una vez concluido y archivado el expediente de legalidad urbanística, sin ejecutar la demolición, pone la documentación en conocimiento del instructor de expedientes sancionadores, para constancia.
Pero no incoa el procedimiento sancionador, cuando él es la única autoridad que está legalmente facultado para ello; y deja prescribir las “numerosas” infracciones urbanísticas, con lo que ha beneficiado económicamente a los infractores y ha perjudicado pecuniariamente al Tesoro municipal.
En un caso particular, en el que existe un expediente sancionador en trámite, Abad mantiene “un comportamiento radicalmente obstructivo y antijurídico”.
Según el fiscal, comunica a la instructora del expediente sancionador que no ha de formular propuesta de resolución porque no va a haber sanción; y, cuando deja caducar el expediente y es posible abrir otro nuevo, no lo hace.
