A efectos de historia contemporánea el yihadismo es un fenómeno relativamente reciente. En cambio, la intensidad de su amenaza lo ha colocado como uno de los problemas que más inquietan a los españoles. La Rioja no ha permanecido ajena a este fenómeno global y en los últimos veinte años ha sido escenario de hasta cinco detenciones por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La última de ellas ha tenido lugar este mismo martes en Logroño, donde la Policía Nacional ha arrestado a una persona -por el momento se desconocen sus datos personales- en el marco de una macrooperación coordinada por la Audiencia Nacional, que se ha saldado con catorce detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Guipúzcoa, Vitoria, Lleida y Logroño.
Previamente, el pasado mes de junio, la Guardia Civil también detuvo a una persona en Calahorra por su presunta vinculación a grupos radicales islámicos, sin que hayan trascendido más datos de la operación desde entonces.
La ‘Operación Césped’ como punto de partida
La primera actuación yihadista en La Rioja se produjo en marzo de 2003, en el marco de la ‘Operación Césped’. Se saldó con la detención del pakistaní Ahmed Rukhsar, propietario de un locutorio en Logroño; y del empresario valenciano Enrique Cerdá. Ambos financiaron el atentado contra la sinagoga La Ghriba, en la isla de Djerba (Túnez), en abril de 2002. Aquella masacre provocó 22 muertos, incluido el propio terrorista suicida.
Cinco años de prisión para cada uno por colaboración con Al-Qaeda. El País recoge que la sentencia del caso lo deja claro: “Sabiendo Enrique Cerdá que Issa (el autor del atentado) era un extremista musulmán, lo importante para él era ganar dinero, sin preguntarse por qué pagaba a las personas que le reclamaban dinero en su nombre ni a qué actividades se dedicaban”.
Varios años después se produjo la ‘Operación Barrad’. En octubre de 2016, la Guardia Civil detuvo a Amine Bouyardane en Calahorra. Según fuentes policiales, el africano vivía en Pamplona. Desde la capital navarra, enaltecía y difundía propaganda de la organización terrorista Daesh-Estado Islámico. El condenado era vecino de Salim Aghmir, regente de una tetería en el barrio de San Jorge y detenido por causas parecidas a finales de 2015. Según el Ministerio del Interior, esta última operación desembocó en la otra.
Bouyardane trasladó su residencia de forma repentina de Pamplona a Calahorra. Consciente de que podía estar en peligro, el acusado trató de pasar desapercibido. Según los investigadores, se trataba de un individuo aparentemente integrado en la sociedad. En un momento dado, entró en contacto con Aghmir y comenzó a radicalizarse. Posteriormente, continuó en solitario el proceso hasta que planeó unirse a la ‘guerra santa’ en Siria e Irak.
En el año 2018, el Ministerio del Interior expulsó a Alaa Mohamed Said, imam de las mezquitas logroñesas de las calles Villegas y Somosierra. La primera le cerró las puertas, pero sí pudo continuar ejerciendo en la segunda, lugar de encuentro de la mayor parte de la población musulmana en la capital. Dicho establecimiento albergó entre 2010 y 2013 reuniones con los Hermanos Musulmanes. La organización trató de tomar el poder en Egipto, pero fracasó. Uno de sus integrantes, Safwat Hegazi, está marcado en las listas negras de Reino Unido y tiene prohibida la entrada al país.
Varios hechos más
La región ha vivido varios episodios más relacionados con el yihadismo. En 2015, Estados Unidos alertó sobre la red de ‘hawalas’ (personas que transfieren fondos a otros países desde comercios de profundidad). Al menos, una parte de esos ingresos iban destinados a organizaciones terroristas. Logroño fue incluida en otra red, junto con otras 250 locutorios y carnicerías de Barcelona, Tarragona, Lleida, Bilbao, Santander, Valencia, Madrid, León, Jaén y Almería.
Pocos meses antes del atentado más sanguinario de la historia de España (el del 11 de marzo de 2004), se tuvo conocimiento de que los hermanos Mohamed y Kamal Chatbi, máximos responsables del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (presuntamente instigadores del ataque en Atocha y de uno anterior en Casablanca), residieron por un tiempo en Autol.
En 2009 se produjo un registro en un locutorio de la calle Santos Ascarza de Logroño, por presunto delito fiscal y con fines terroristas. Las Fuerzas de Seguridad registraron también su domicilio (en la calle Piqueras), pero no pudieron encontrar pruebas tras algo más de dos horas de registro.. ‘Tarek’, el paquistaní implicado, denunció los hechos. “Esto me pasa por ser musulmán y de un país pobre”, declaró a la agencia EFE.
Un caso cercano
En Lanciego (Rioja Alavesa), a escasos kilómetros de la comunidad, se produjo un suceso estrambótico. La chilena Gisela Cárcamo se instaló en la localidad para estudiar en la Universidad de Navarra. Allí conoció a un tunecino, se casó con él y se cambió el nombre a Nadia Shahbi. Su caso se hizo popular por un incidente con Osakidetza (el sistema sanitario vasco).
Un médico le pidió que se quitara el velo para poder ser atendida de un embarazo de riesgo. Ella se negó y el galeno denunció a su marido, por la discusión violenta generada a raíz de la discusión.
Su caso se hizo muy mediático y fue habitual ver su cara en las diferentes televisiones defendiendo su derecho a portar el velo. La Justicia desestimó el caso y Shahbi se marchó a Túnez en 2011 “para no sufrir más represalias por parte de la Justicia”.
Nadia fue detenida en Siria en 2013 después de participar en un atentado yihadista en este país al intentar estrellar un camión contra un convoy militar durante la insurgencia contra el régimen de Al Asad. Su marido acabó siendo abatido por los militares.
