En febrero de 2023 se dio un caso paradigmático en nuestra región. De los pocos que concitan voluntades de actores tan dispares como son el gobierno autonómico y los gobiernos locales, grupos políticos, sindicatos, colectivos, asociaciones y universidades en nuestra Comunidad Autónoma. Representantes de todos ellos firmamos en Santa Coloma el Pacto Regional para la Activación Rural resultado de varios años de trabajo conjunto de muchas personas y los últimos meses del denominado Consejo Asesor para la Despoblación.
Uno de los objetivos principales de este Pacto, para mí de los más importantes, era lograr la movilización de la sociedad para dar respuesta a las necesidades y aspiraciones de nuestro medio rural y solventar sus problemas, sobre todo en aquellas comarcas que más sufren la lacra de la despoblación. Encontrar un futuro para estos extensos territorios de La Rioja.
Tras la última diáspora que vació en La Rioja hasta dejarlos despoblados una treintena de municipios, aunque alguno recuperó milagrosamente algo de población de nuevo varias décadas después, nos enfrentamos en este primer tercio del siglo XXI a otra época de pérdida masiva e incluso irreversible de habitantes en el medio rural riojano.
Estos problemas que acarrea la despoblación, en los últimos tiempos, han calado más o menos en la agenda política de todos los partidos. En una región donde el 95 por ciento de su territorio es rural, éste sólo acoge el 33 por ciento de la población contando con 134 municipios de menos de 500 habitantes y de ellos, 64 cuentan con menos de 100 habitantes.
El sector primario es el elemento fundamental para el desarrollo de estos municipios que, de no acometer medidas claras y directas en breve plazo, están abocados a ser la nueva remesa de despoblados riojanos. Es obvio que se requieren medidas urgentes y una adaptación a los tiempos actuales para garantizar su viabilidad.
A modo de ejemplo claro de lo anterior y centrándonos en una comarca que fue un ejemplo de motor económico regional por la ganadería, la minería y la madera, las 7 Villas del Alto Najerilla, con sus 45111 hectáreas cuentan según el INE con 384 habitantes censados en 2022.
Esto nos da una densidad de población de 0,85 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas de España para un ente territorial de estas características.
Por otro lado, es el territorio con mayor biodiversidad de La Rioja contando con multitud de especies y un 90 por ciento de su territorio forestal calificado como Monte de Utilidad Pública propiedad de los municipios.
La amplia normativa nacional e internacional relativa a espacios naturales protegidos y la reciente aprobación del Parque Natural del Alto Najerilla hace que de su aplicación se desprendan limitaciones y condicionantes para la gestión de los recursos de este territorio y para la implantación de determinadas actividades que, lógicamente, deberían ser compensadas mediante iniciativas para el fomento de un desarrollo rural sostenido.
Más allá de los “pagos verdes” recogidos en la nueva PAC, de las ayudas ganaderas reglamentadas de la UE o de los fondos FEADER a través del Programa de Desarrollo Rural (PDR), tan sólo las indemnizaciones compensatorias de montaña o ICM incluidas en el PDR, trabajan por luchar contra la despoblación de este tipo de municipios.
Hacen falta otras iniciativas que fomenten la repoblación de los municipios y que mejoren la capacidad de gestión y presupuestaria de los ayuntamientos que cuentan con presupuestos paupérrimos a la vez que sean verdaderos instrumentos de custodia del territorio y de lucha contra la despoblación.
Una de estas iniciativas es el Pago por Servicios Ambientales también denominado PSA. Este es un nuevo enfoque en España, bastante utilizado en otras latitudes, que se basa en la idea de que los beneficiarios externos de los servicios ambientales (aire, agua, biodiversidad, polinizadores,…), paguen a los propietarios de los ecosistemas rurales por adoptar prácticas que aseguren su conservación.
Este término ya lo vimos en algún programa electoral de las últimas elecciones autonómicas y locales.
Permite aplicar la lógica de mercado a nuestro medio rural más desabastecido de servicios y acogotado por la despoblación a la vez que receptor en los periodos de vacaciones de gran cantidad de turismo que demanda con exigencia que dichos núcleos rurales cuenten con los servicios que se dan por habituales en los espacios urbanos de las ciudades.
El medio rural y principalmente el de montaña, proporciona muchos de estos servicios ecosistémicos sin haber recibido retribución alguna por el hecho de ser un proveedor, ser el garante de los bosques, praderas, pastizales y turberas, ser el purificador del aire que contaminamos en las áreas industriales y ser el nacimiento de los ríos y surgencias de agua.
Ahora es un momento muy adecuado para que las zonas urbanas, polígonos industriales, grandes instalaciones ganaderas y los prósperos valles agrícolas intensivos paguen por dichos servicios que proporcionan las montañas y también de que las áreas rurales hagan un mejor trabajo de mantenimiento como proveedores de esos servicios a otros que los necesitan y demandan.
Estos “intercambios comerciales” pueden realizarse de múltiples formas. Puede ser que los consumidores paguen un plus por productos que provengan de esas zonas, con marca de calidad certificada, aunque la inflación en la cesta de la compra que sufrimos no genera actualmente el marco más propicio para esto.
También el gobierno autonómico puede implementar tributos a cobrar a quién contamina (lo mismo que actualmente se cobra en La Rioja un impuesto al vertido, un canon de saneamiento o un impuesto al impacto visual) y éste se transfiera a los ayuntamientos que prestan servicios ecosistémicos para que ayuden a los agricultores y ganaderos locales por adoptar prácticas de conservación.
Que se cobre a los operadores turísticos y turistas una tasa que ayude a las comunidades rurales por la conservación de la naturaleza que disfrutan y que obliga a los municipios a sobredimensionar instalaciones como depuradoras o depósitos de agua necesarios si se quiere mantener una población en algunos casos muy superior a la habitual tan solo en los meses de verano.
Trabajar en conseguir que todos aprovechamientos forestales cuenten con un sello que certifique la madera y se cobre una tasa a las empresas madereras no locales por ello.
Cotizar en los mercados de secuestro de carbono en función de parámetros como la superficie forestal o de pradera/pastizal por la tasa de eliminación de dicho gas de efecto invernadero o recibir subvenciones dentro de las iniciativas que al respecto han surgido como una nueva herramienta para salvar el planeta.
Para terminar, La Rioja con una superficie forestal de 300.000 hectáreas, el sesenta por ciento de su territorio, debe liderar la lucha contra el cambio climático y contra los perniciosos efectos que este efecto global tiene sobre los ecosistemas, las personas y la economía.
Es por esto que el Pago por Servicios Ambientales puede ser, bien evaluado e implementado, una buena herramienta sinérgica para los pequeños ayuntamientos rurales y serranos que a su vez beneficie a los grandes ayuntamientos. Una especie de fondo de compensación real que ayude a mitigar los desequilibrios interterritoriales entre el valle y la sierra, que trabaje por el desarrollo ecosistémico de nuestros espacios de montaña, sea una herramienta contra la despoblación y ayude al desarrollo económico de nuestros pueblos. Trabajemos porque la única especie en peligro de extinción en nuestras sierras y áreas de montaña no sea el ser humano.
*Puedes enviar tu ‘Carta al director’ a través del correo electrónico o al WhatsApp 602262881.
