El Gobierno de La Rioja está en contacto con la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, para “aclarar” la situación de la compra, a través de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), de suelo industrial de los polígonos El Recuenco, en Calahorra, y La Senda, en Alfaro.
Así lo ha afirmado este jueves la diputada del Grupo Parlamentario del PP de La Rioja Mar Cotelo, durante el debate en el Pleno el Parlamento de una Proposición No de Ley (PNL) del PSOE para instar al Ejecutivo riojano a continuar con la tramitación de la compra de dicho suelo industrial.
Esta PNL ha sido rechazada con los votos en contra del Grupo Popular, la abstención de Vox y los votos favorables del PSOE y de Podemos-IU.
Cotelo ha definido esta iniciativa parlamentaria como “una huida hacia adelante, en la que se intenta que no se destapen la falsedades que han vendido a las personas interesadas en el suelo industrial, porque todos los riojanos y empresarios deben saber las implicaciones legales de los acuerdos que adoptaron en su momento”.
Por su parte, el diputado socialista José Ángel Lacalzada ha indicado que “la política industrial tiene que ser una prioridad para continuar con la modernización del modelo productivo, y hay que seguir con una apuesta clara para mejorar la competitividad del tejido industrial, fomentando la digitalización, la formación y la retención del talento”.
La portavoz del Grupo de Podemos-IU, Henar Moreno, ha señalado que “la actividad industrial en esta comunidad autónoma es uno de los grandes déficits a acometer con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructuras de comunicación”.
En su intervención, el diputado del Grupo Parlamentario de Vox Héctor Alacid ha criticado que esta PNL “parece consistir en pedir que el nuevo ejecutivo del PP haga lo que el anterior, que encabezó el PSOE en coalición con Podemos e IU, no hizo o dejó a medio hacer”.
No al plan urgente de transporte escolar
Además, el pleno ha rechazado una PNL del Grupo de Podemos-IU para instar al Gobierno de La Rioja a “elaborar e implementar un plan, en un plazo máximo de tres meses, que garantice el transporte público a todos los estudiantes de todas las etapas educativas desde sus municipios de residencia a los municipios donde cursan sus estudios”.
Esta PNL ha decaído con los votos en contra del Grupo Popular y a favor del resto de formaciones políticas del Parlamento: PSOE, Podemos-IU y Vox.
El consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, ha asegurado que esta iniciativa parlamentaria “no pasa de la demagogia al no tener análisis previos, tiempos reales ni planificación, ya que hay que enfrentarse a la realidad con logística y plantear propuestas realistas con el suficiente rigor”.
