La Rioja

La Rioja recibe 276.210 euros en indemnizaciones por los ataques del lobo

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) aporta unos 20 millones de euros anuales aproximadamente desde 2022 para apoyar a las administraciones competentes en los temas relativos a la convivencia con el lobo ibérico en el medio rural, según un documento al que ha accedido EFE.

De esta cifra, incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se han destinado a las indemnizaciones por ataques de lobos al ganado unos ocho millones en 2022 y está previsto otro tanto en 2023.

Por comunidades autónomas, la que más ha recibido por esta causa es Castilla y León (3.998.070), seguida de Asturias (1.921.380), Cantabria (875.130), La Rioja (276.210), Castilla-La Mancha (93.000), Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).
En relación a las cifras para medidas preventivas, en 2022 se destinaron 7.008.620 millones de euros. Castilla y León también fue la comunidad autónoma que más fondos recibió con 4.854.400, seguida de Asturias (1.740.450), Cantabria (777.975,00), La Rioja (196.800), Castilla-La Mancha (95.325) y Aragón, Cataluña, Extremadura y País Vasco (50.000).
Según el documento, la solicitud de la Comunidad de Madrid “no se pudo atender por llegar fuera del plazo” para la fiscalización de fondos de 2022.
Además, según el mismo texto, Galicia de “forma voluntaria” decidió no suscribir la Estrategia nacional, por lo que no se transfirió la cantidad de 1.949.280 millones de euros para los daños al ganado y otros 2.407.725 millones para la adopción de medidas protectoras.
El Miteco señala asimismo, que España ha impulsado durante los últimos años “un enfoque basado en la aplicación de medidas preventivas y en la indemnización” de los daños registrados por el lobo sobre las actividades del medio rural, para “tratar de lograr la coexistencia” entre la ganadería extensiva y la presencia de los ejemplares en el medio natural.
Apunta, no obstante, que no dispone de información “detallada y homogénea” sobre el destino que las administraciones autonómicas han dado a las partidas económicas transferidas, “lo que puede poner en peligro el acceso el año próximo a este dinero”.
Según el documento, en España, la especie se distribuye por tres regiones biogeográficas: atlántica, mediterránea y alpina.
La protección del lobo ha alimentado el debate político en la Unión Europea en los últimos tiempos, con una resolución aprobada en el Parlamento Europeo el pasado noviembre que pide revisar el estatus de ese y otros grandes carnívoros, y una réplica por carta de doce países, entre ellos España, Alemania, Portugal o Eslovenia, que defienden que se mantenga su estatus.
Con las elecciones al Parlamento Europeo a la vista y en un contexto de creciente tensión entre agricultura y protección de la biodiversidad, la Comisión Europea se abrió el pasado 4 de septiembre a revisar la situación del canis lupus.
El Ejecutivo habilitó para ello una dirección de correo electrónico para que “las comunidades locales, científicas y todos los grupos interesados” enviaran información.
“La concentración de manadas de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un verdadero peligro para el ganado y potencialmente también para los seres humanos”, declaró entonces en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien el año pasado vivió en primera persona la polémica cuando un lobo mató en Alemania a uno de sus equinos, un poni de 30 años llamado Dolly.
Organizaciones ecologistas como WWF, EuroNatur, BirdLife o Client Earth acusaron a la Comisión de “difundir información engañosa”, pues “la evidencia científica ha demostrado que los lobos no ven a los humanos como presas, y los encuentros fatales son excepcionales”.
Las plataformas ecologistas criticaron que la consulta no se realice con base en “datos científicos confiables”, sino a partir de una “evidencia anecdótica presentada a través de un proceso de consulta no transparente e irregular” para el que solo se da un período de 18 días, que “no es razonable”, indicaron en una crítica que comparten algunos Estados miembros favorables a mantener la protección.
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