La Rioja se situó el pasado año por debajo de la media nacional en tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 habitantes, con 53,5, frente a la media nacional, situada en 72,9, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de víctimas de violencia de género, así como las denuncias presentadas, volvieron a aumentar en 2022, un 10,7 por ciento y un 11,8 por ciento respectivamente, y la cifra de menores enjuiciados por este tipo de delitos creció un 18,67 por ciento.
Son las cifras del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género que se han conocido este viernes y que reflejan que durante el pasado año la violencia machista dejó una media diaria de casi medio millar de víctimas (483) y de denuncias (499). Durante el pasado año, los órganos judiciales acordaron siete de cada diez órdenes de protección solicitadas, hasta las 32.842, un 5,2 por ciento más que en 2021, y dictaron 57.059 sentencias, un 5 por ciento más. El 77,45 por ciento de esas resoluciones eran condenatorias, el máximo porcentaje anual de la serie histórica.
Las medidas de suspensión del régimen de visitas mantienen su tendencia al alza, de manera que los órganos judiciales adoptaron 4.100 medidas de este tipo, un 104 por ciento más que en 2021.
Aumentaron las denuncias un 11,8 por ciento (hasta las 182.073) y también las víctimas, que subieron un 10,7 por ciento hasta las 176.380, y dos de cada tres (el 65,65 por ciento) eran españolas. Por su parte, la tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres fue de 72,9 en toda España, casi siete puntos más alta que en 2021.
Por encima de la media se situaron Baleares (110,3); Murcia (103,4); Comunidad Valenciana (95,6); Canarias (88,2); Andalucía (86,3) y Madrid (75,8), mientras que las tasas más bajas se dieron en Castilla y León (46,8); Galicia (49,6); País Vasco (53,5); La Rioja (53,6) y Asturias (53,9).
Siete de cada diez denuncias fueron presentadas por las propias víctimas, mientras que las presentadas por el entorno de la víctima fueron el 1,83 por ciento; las derivadas de atestados policiales el 14,9 por ciento; las originadas por partes de lesiones, el 7,8 por ciento y las presentadas por terceras personas, el 3,9 por ciento. Casi el 10 por ciento de las víctimas renunció a declarar contra su agresor, porcentaje muy similar al de 2021.
Los órganos judiciales acordaron un total de 60.984 medidas penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). Las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (el 65,70 por ciento del total) y la prohibición de comunicación (65,92 por ciento).
Entre las medidas cautelares civiles, las más numerosas fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (el 20,25 por ciento del total) y con la atribución de la vivienda (15,61 por ciento), con porcentajes similares a 2021.
Las medidas de suspensión del régimen de visitas, sin embargo, aumentaron un 104 por ciento respecto a 2021 como consecuencia de la aplicación por los órganos judiciales de la reforma del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También aumentó la suspensión de la guardia y custodia: las 2.335 medidas de este tipo representan el 8 por ciento del total y los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron también 178 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro y en 409 casos suspendieron la patria potestad.
El CGPJ señala, no obstante, que debido a la huelga de letrados de la Administración de Justicia, los datos son provisionales ya que han tenido que estimar los correspondientes a cuatro juzgados de los que no se ha obtenido respuesta y diez están en revisión de errores.
Un incremento “inasumible”
Para la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, el importante incremento tanto del número de víctimas como de denuncias es “absolutamente inasumible” y demuestra que la violencia machista sigue muy presente en nuestra sociedad.
A pesar de todo, Carmona considera que los datos demuestran que las mujeres acuden cada vez más a la justicia, y hace un llamamiento a mantener la confianza en las instituciones, de las que ha destacado su alta especialización, como pone de manifiesto el elevado porcentaje de condenas.
La presidenta del Observatorio destaca también el porcentaje de órdenes de protección acordadas, así como el importante aumento de la suspensión del régimen de visitas y de la guarda y custodia.
Son datos que -a su juicio- merecen una valoración muy positiva porque ponen de manifiesto una mayor protección de las mujeres y también de los niños y niñas víctimas de violencia de género.
