Giro de 180 grados en el caso Cursach. La supuesta trama de corrupción policial en favor del mayor dueño de discotecas de Mallorca, que comenzó a investigarse en 2013 y supuso la imputación del empresario, personas de su entorno, políticos y decenas de policías y funcionarios, ha acabado con la absolución de los imputados y la petición de cárcel para el fiscal riojano Miguel Ángel Subirán.
El grueso de esa instrucción corrió a cargo del juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán, actualmente jubilados por incapacidad y pendientes de ser juzgados acusados de decenas de delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, prevaricación, detenciones ilegales, coacciones a testigos e inducción al falso testimonio.
En el juicio celebrado por el caos Cursach, buena parte de las declaraciones de los acusados han versado sobre las supuestas presiones, intimidaciones y falseamientos de Penalva y Subirán. Por ello, los abogados del empresario del ocio mallorquín y su socio Bartolomé Sbert han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) solicitando la apertura de juicio oral contra el juez instructor y el fiscal calagurritano.
La petición de condena más alta por parte de Cursach y Sbert es para el exfiscal Subirán, con 37,5 años. Para Penalva reclaman 32,5 años de cárcel, mientras que los cuatro policías se enfrentan a penas de entre 30 y 33 años de reclusión. También solicitan la inhabilitación de todos ellos para cualquier empleo público y el pago 2,3 millones de euros en multas.
El magnate y su mano derecha, tal y como señala el Diario de Mallorca, les acusan de haber difundido a periodistas investigaciones secretas o reservadas para perjudicar a los sospechosos y no perseguir las «filtraciones», de intimidar a detenidos para que realizaran acusaciones «falsas», de manipular las declaraciones de testigos y de ocultar pruebas de descargo.
Las imputaciones contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo se basan en gran medida en las conversaciones de los grupos de Whastapp, que fueron recuperadas tras las detenciones de los policías a finales de 2018 y en las que comentaban las gestiones que llevaban a cabo durante la investigación.