La Rioja

Piden 37 años de cárcel para el fiscal riojano Subirán por la instrucción del ‘caso Cursach’

Giro de 180 grados en el caso Cursach. La supuesta trama de corrupción policial en favor del mayor dueño de discotecas de Mallorca, que comenzó a investigarse en 2013 y supuso la imputación del empresario, personas de su entorno, políticos y decenas de policías y funcionarios, ha acabado con la absolución de los imputados y la petición de cárcel para el fiscal riojano Miguel Ángel Subirán.

El grueso de esa instrucción corrió a cargo del juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán, actualmente jubilados por incapacidad y pendientes de ser juzgados acusados de decenas de delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, prevaricación, detenciones ilegales, coacciones a testigos e inducción al falso testimonio.

En el juicio celebrado por el caos Cursach, buena parte de las declaraciones de los acusados han versado sobre las supuestas presiones, intimidaciones y falseamientos de Penalva y Subirán. Por ello, los abogados del empresario del ocio mallorquín y su socio Bartolomé Sbert han presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) solicitando la apertura de juicio oral contra el juez instructor y el fiscal calagurritano.

El empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach (i), a su salida de la Audiencia de Palma, tras la decisión de la Fiscalía. EFE/Atienza

La petición de condena más alta por parte de Cursach y Sbert es para el exfiscal Subirán, con 37,5 años. Para Penalva reclaman 32,5 años de cárcel, mientras que los cuatro policías se enfrentan a penas de entre 30 y 33 años de reclusión. También solicitan la inhabilitación de todos ellos para cualquier empleo público y el pago 2,3 millones de euros en multas.

El magnate y su mano derecha, tal y como señala el Diario de Mallorca, les acusan de haber difundido a periodistas investigaciones secretas o reservadas para perjudicar a los sospechosos y no perseguir las «filtraciones», de intimidar a detenidos para que realizaran acusaciones «falsas», de manipular las declaraciones de testigos y de ocultar pruebas de descargo.

Las imputaciones contra Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo se basan en gran medida en las conversaciones de los grupos de Whastapp, que fueron recuperadas tras las detenciones de los policías a finales de 2018 y en las que comentaban las gestiones que llevaban a cabo durante la investigación.

Subir