El Parlamento de La Rioja ha respaldado de forma unánime una proposición no de Ley del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno regional a mejorar la cartera de servicios a la dependencia, con acciones de mejora de la autonomía personal, y hacerlo con la financiación suficiente para cubrirlas tanto si se prestan de forma directa como si lo hacen entidades sin ánimo de lucro.
El diputado socialista Santiago Urizarna ha defendido esta propuesta ya que en La Rioja hay unas 10.200 personas en situación de dependencia, un tercio de las cuales tiene dependencia moderada y necesita un apoyo en su vía al menos una vez al día.
El pasado mes de septiembre, ha detallado, casi un tercio de esos dependientes de grado 1 o moderada no recibía ninguna atención en La Rioja, muy por encima de quienes tienen esa desatención con dependencia de grado 2 o 3. Esta situación “se arrastra desde 2015, cuando el grado uno de dependencia comenzó a tener derecho a servicios y prestaciones” y desde entonces “el nivel de desatención se ha reducido, pero el alto grado de personas que siguen sin prestaciones no puede atribuirse solo a la libertad de las personas a no recibir ningún derecho”.
Además, Urizarna ha asegurado que La Rioja carece de regulación de ese tipo de servicios, y además la promoción de la autonomía no forma parte de la cartera pública de servicios sociales, algo que supone “una anormalidad legal porque la Ley de Dependencia lo recoge”.
Eso justifica pedir al Gobierno regional que “en el menor tiempo posible” adapte la cartera de servicios e incorpore estos servicios, como los de terapia o apoyos personales “algunos de forma ambulatoria y otros en la propia vivienda, porque su orientación es el mantenimiento de las personas en su entorno comunitario”.
Urizarna ha detallado que en este tipo de servicios se prestan en La Rioja por catorce asociaciones sin ánimo de lucro, aunque “el problema es que reciben financiación parcial del Gobierno regional desde 2016, vía subvenciones, que se completan con fondos propios o donaciones” y “no es lógico que esto se haga así”.
Por ello ha propuesto que en el futuro se asuma la figura del concierto social con esas entidades para incluir esos servicios en la cartera pública “al menos con una gestión indirecta” porque la prestación “no puede depender de la voluntad de los afectados” a pesar de que ha reconocido el esfuerzo hecho por estas entidades en los últimos años.
También ha incidido en que los servicios que se prestan a personas vulnerables no pueden estar sujetos a la misma normativa “por ejemplo, que un contrato de limpieza”, con lo que ha abogado por el concierto social con esas entidades sin ánimo de lucro que prestarían el servicio “sin tener beneficio y tampoco un gravamen, porque ahora tienen que cubrir aquello a lo que no llega la administración”.
La proposición ha salido adelante con una enmienda introducida por el Grupo Mixto para que en los casos que sea posible que estudie el que esas prestaciones tengan una gestión directa por la administración.
Catalina Bastida, del Grupo Popular, ha incidido en que esta cuestión “está bien, pero necesita financiación” y ha recordado que desde 2010 se subvenciona a entidades sin ánimo de lucro para que prestar estos servicios, aunque esas ayudas llegan solo al 80 por ciento de los costes “y es cierto que esa no es una fórmula para asegurar el presupuesto”.
Sin embargo, ha dicho la diputada popular, la intención de la proposición “contrasta con el que en el próximo presupuesto solo sube la partida de Servicios Sociales un 5 por ciento” con lo que “no salen las cuentas” y “nos da miedo que la gestión no sea la adecuada, porque eso a veces conlleva costes a las personas más vulnerables”, ha concluido Bastida.
La Cámara también ha aprobado una proposición no de Ley, presentada por el Grupo Popular, para instar al Gobierno de La Rioja a que inste al Gobierno de España a llevar las mejoras retributivas para los médicos internos residentes y para los médicos especialistas que fueron aprobadas por la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
El grupo de Ciudadanos y la diputada de IU Henar Moreno han respaldado la propuesta, mientras que la diputada Raquel Romero y el Grupo Socialista se han abstenido.
