La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR) ha criticado este martes que el Ayuntamiento de Logroño acaba de declarar desiertas dos licitaciones públicas por importe de 1.225.000 euros, “lo que se viene a sumar a la larga lista de obras públicas autonómicas y municipales que se está quedando desiertas”.
En concreto, los constructores señalan como desiertas la obra de los accesos al Polígono Cantabria y la adecuación de aseos públicos en la ciudad. “Pero, en realidad, el problema es mucho mayor, ya que a estos números habría que sumar las obras que se están quedando paralizadas o ralentizadas”, apuntan.
“El alcalde de Logroño ya sabía que esto iba a ocurrir porque ya se le manifestó en una carta enviada el pasado 28 de octubre de 2021, en la que le advertíamos de las dificultades, así como de las injusticias cometidas contra las empresas para poder presentar ofertas en las licitaciones de los contratos públicos del Ayuntamiento de Logroño”, indica en un comunicado la CPAR.
Dada la situación “absolutamente imprevisible y que desborda cualquier previsión razonable de la evolución de las materias primas y la demora que ello está acarreando en los plazos de suministro de materiales que venimos arrastrando incluso antes del comienzo de la guerra de Ucrania”, y “con el fin de adoptar medidas proactivas que permitan el mantenimiento de la actividad industrial en nuestra región, de las empresas riojanas y de sus trabajadores”, desde CPAR se solicitó al alcalde de Logroño que adoptara las medidas oportunas para que todos los órganos de contratación del Ayuntamiento de Logroño sean sensibles con esta situación “inasumible”.
Concretamente, “se reclamó que se introduzcan medidas que permitan el reequilibro económico de los contratos cuando sea necesario, y se prorroguen los plazos de ejecución de los mismo cuando resulte preciso dada la actual coyuntura internacional; además, por supuesto, de no demorar lo más mínimo la adjudicación una vez que se licita el contrato público para que los precios de licitación se ajusten a la realidad a la que se enfrente el adjudicatario”.
Lo que CPAR solicitó al alcalde de Logroño es “que permitiera el eventual restablecimiento del equilibro económico de los contratos públicos municipales, por la aparición de un riesgo anormal e imprevisible que cercena el principio económico-financiero entre las partes, pero sin atacar frontalmente el principio de riesgo y ventura empresarial, de tal manera que los órganos de contratación del Ayuntamiento de Logroño puedan reconocer el derecho del contratista a percibir una indemnización o compensación por los daños y perjuicios efectivamente producidos como consecuencia directa e inmediata del imprevisible aumento del precio de las materias primas y del retraso anormal en el suministro de materiales que estamos viviendo en la actualidad”.
“Solo así, -alertaron a Pablo Hermoso de Mendoza-, evitaremos el riesgo muy real de que las empresas riojanas opten por no presentar ofertas a los contratos públicos que licita el Ayuntamiento de Logroño; o que, como también le advertimos, los contratos públicos se adjudiquen a empresas foráneas que hacen bajas inasumibles para adjudicarse los contratos a pesar de las altas probabilidades de no poder cumplir con las calidades exigidas de tal forma que las empresas y proveedores puedan incurrir en problemas económicos extraordinarios”.
“Aunque esto último lo podemos sufrir dentro de unos meses, ya en los últimos días se han quedado desiertas la licitación de construcción de nuevos accesos al Polígono de Cantabria y la licitación para la construcción de aseos públicos en Logroño; ambas licitaciones muy demandadas por los ciudadanos y empresas y que ahora se verán retrasadas por la falta de previsión y la desidia de Pablo Hermoso de Mendoza”, advierten los constructores.
“Son las pequeñas y medianas empresas las más afectadas”, porque los Reales Decretos leyes de revisión extraordinaria de precios “sí que están consiguiendo salvar el contexto para grandes proyectos de infraestructuras viarias y ferroviarias, pero se están mostrando insuficientes para los trabajos de menores dimensiones licitados por municipios y comunidad autónoma”.
“Toda licitación debería tener ya los precios actualizados y establecer un sistema de reequilibrio económico estable en el tiempo, como estuvo desde 1955 hasta la ley de desindexación de 2015. La razón de ello es que alrededor del 95 % de las obras no está teniendo revisión de precios, y los sobrecostes de las obras están superando de media el 33 %, por lo que las PYMES riojanas están soportando íntegramente la escalada de precios de las materias primas en los contratos públicos. Una situación inasumible”, concluye la CPAR.
