UGT de La Rioja ha mostrado este lunes su respaldo al proyecto de Ley de Función Pública, que el Gobierno regional aprobará próximamente para remitirlo al Parlamento, porque “moderniza” el trabajo de los empleados públicos, que se regían por un texto legal de 1990.
Así lo ha detallado el responsable de Función Pública de UGT, Fernando Domínguez, en una conferencia de prensa en la que ha detallado cómo su sindicato y todos los demás de la función pública -salvo el mayoritario, CSIF- dieron su visto bueno al texto presentado por el Gobierno regional tras meses de reuniones en la Mesa General.
La Ley que está en vigor para la función pública en La Rioja “está completamente obsoleta” y “ni siquiera se ha actualizado con normativas nacionales posteriores”, ha asegurado, con lo que “este es un proyecto muy importante, porque regula derechos básicos” de los empleados públicos.
Así, ha afirmado, el nuevo texto regulará cuestiones como la carrera profesional, la movilidad, el acceso a la función pública o las incompatibilidades, y también los nuevos cuerpos funcionariales, las categorías.
Domínguez ha incidido en la importancia de que a través de esta nueva Ley se va a crear el grupo B de funcionarios, que son profesionales que acceden a la función pública a través de titulaciones de FP superior que no existían cuando se aprobó la anterior Ley, como los de educación especial o gestión de sistemas informáticos, entre otros.
Hasta ahora esas y otras profesiones no podían acceder a ese grupo B de funcionarios porque sus titulaciones no estaban contempladas en la legislación “y, además, ahora se va a poder reorganizar al personal que realizaba esas funciones”.
Otra de las novedades que incorpora el anteproyecto es la actualización de algunas categorías funcionariales, entre ellas la de nueva creación de los bomberos forestales; también actualiza las funciones de algunos empleados públicos; y las titulaciones de acceso a la función pública.
El dirigente de UGT ha admitido que “hemos tenido que ceder en algunas cosas, como en cualquier negociación” y ha cifrado en el 75 % el cumplimiento de sus objetivos en esta futura Ley, que esperan esté aprobada antes del final de la legislatura.
Ha pedido, para ello, a los grupos parlamentarios “que estén a la altura” y respeten el texto pactado entre sindicatos y administración “aunque en el trámite intentaremos impulsar algunas de las cuestiones que han quedado por el camino”.
Por otro lado, Domínguez ha aludido a la posible subida salarial para los empleados públicos que se negocia a nivel nacional y ha considerado que la posibilidad de que sea de un 9,5 por ciento en tres años “supondría perder más poder adquisitivo, como llevamos desde 2010” aunque “además de ese incremento hay que negociar otras cuestiones que afectan a los empleados públicos, como las jornadas parciales, las recalificaciones o la jornada”.
