La Rioja

IU propone la gestión directa de la estación de autobuses de Logroño

La solución a los problemas generados en la licitación de la gestión de la nueva estación de autobuses de Logroño pasa por “dar un paso adelante valiente por parte del Ayuntamiento para agilizar su puesta en funcionamiento”.

Así lo plantea Izquierda Unida, que propne asumir la gestión directa de la estación, como un importante servicio público para la ciudadanía logroñesa, pues “serviría para superar las contínuas presiones de las empresas privadas para asumir este servicio y también para mantener y aumentar el empleo como prioridad, en lo que sería un nuevo servicio público para toda la ciudad”.

Según IU, la gestión de la estación debe llevarse a cabo “cuanto antes” para darle “un valor social a la gran inversión realizada por presupuestos públicos”. “Eliminar el beneficio privado de la ecuación en la gestión de este espacio permite una mayor eficiencia para aumentar el empleo para su atención y mantenimiento, así como su uso con una perspectiva social, y no solo comercial”.

“La nueva estación podría convertirse en un gran espacio no sólo ocupado por tiendas y comercios, generalmente de grandes empresas multinacionales y franquicias sin conexión local ni regional”, señala la formación, planteando que la instalación dé cabida a “exposiciones, promoción turística de la ciudad, encuentros culturales o venta de artesanía y productos locales, etc.”.

IU afirma que “últimamente el Ayuntamiento acumula varios problemas generados desde hace años con la licitación y ejecución de distintos contratos y servicios públicos, como el mantenimiento de zonas verdes, las escuelas infantiles, o ahora la gestión de la estación de autobuses”. Desde Izquierda Unida “creemos que es el momento de llevar a cabo, de verdad, una política local avanzada y progresista al servicio de la ciudadanía y plantearse la municipalización de estos servicios desde criterios públicos de transparencia, sostenibilidad y eficacia económica para la ciudad”.

“La eliminación de sobrecostes, del beneficio privado, el control de la ejecución desde obetivos públicos y transparentes, de estos servicios, asegurar un servicio de calidad, o el impacto laboral positivo justifican sobradamente esta medida”, concluye.

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