Izquierda Unida (IU) cree que la nueva Ley del Aborto, que el Gobierno aprobará este martes, debe conllevar diferentes medidas para garantizar que el embarazo se pueda interrumpir en centros sanitarios públicos de todas las comunidades, entre ellas La Rioja.
Así lo ha explicado la portavoz de IU en el Parlamento regional, Henar Moreno, en una conferencia de prensa en la que ha aludido a la Ley del Aborto como “una modificación legal que van a mejorar la vida de las mujeres”.
En su opinión, la Ley que regulaba el aborto, de 2010 “se había quedado obsoleta y había que modificarla para profundizar en derechos” sobre todo porque “los cambios que se introdujeron en 2015, por el Gobierno del PP, eliminaron la libertad de elección de las mujeres de 16 y 17 años y también de las personas con discapacidad”.
“Existe el derecho al aborto, pero hay que garantizar su cumplimiento”, ha asegurado Moreno, que ha recalcado que “la realidad es que las mujeres siguen sin poder abortar en la salud pública” y “los derechos, si no se pueden ejercer, no son garantía de nada”.
Por ello ha destacado la importancia de modificar la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales médicos para no realizar abortos “ya que ahora se hará de forma seria y de forma previa a la contratación”.
“Siempre que hay objeción de conciencia colisionan derechos y si en este caso hay que priorizar alguno creemos que es el aborto”, ha incidido la diputada de IU, para quien, en la actualidad la objeción de conciencia “se estaba tomando a la ligera” y, en el caso de La Rioja “algo no cuadra cuando todos los ginécologos lo ejercen, hasta algunos que han hecho abortos en otras comunidades”.
“La objeción de conciencia es un derecho serio y hay que ejercerlo con responsabilidad, de forma seria, por escrito y con antelación”, ha defendido Moreno, que ha comparado esta situación con la de “un militar que planteara la objeción de conciencia para no coger armas” algo que, en su opinión, hasta podría ser “causa de despido objetivo por ineptitud sobrevenida para el puesto”.
También se ha referido a otros aspectos de la Ley como la eliminación de los tres días reflexión para abortar “algo que no quita que quien quiera tomarse un tiempo lo tenga” y el que en todos los centros se garanticen dos procedimientos para interrumpir embarazos, el farmacológico y el quirúrgico.
Además, para acudir a un centro médico a abortar primará la proximidad al domicilio, ha detallado, con lo que “una mujer de Haro, por ejemplo, no tendría que venir a Logroño y sí tendría derecho a ser asistida en Miranda de Ebro, por ejemplo”.
Ha destacado el avance que supondrá el contar con una baja por interrupción del embarazo “con la duración médica que sea necesaria” y “solo el primer día asumido por la empresa” además de que se garantice el total del salario.
Además, el nuevo texto prohíbe maternidad subrogada y persigue los efectos cuando se vaya fuera a realizarla y también adopta medidas contra la “violencia obstétrica”, ha destacado.
Ha hecho un especial hincapié en la baja en los casos de una mestruación incapacitante “que ha sido polémica por determinados comentarios de hombres y mujeres machistas” a pesar de que “es algo que ya existía, porque si una mujer no puede ir a trabajar ya podía pedir la baja, aunque no fuera algo específico”.
Sí que cree que “es necesario regular estas cuestiones” y “dar visibilidad a una realidad que existe” porque “no podemos seguir avergonzándonos de los dolores que sufrimos las mujeres” y además “es una prestación que no recae en las empresas y que supone 23,8 millones de euros de coste estimado, una cantidad irrisoria”.
Además ese coste no lo asumirán las empresas, ha afirmado, y “en cualquier caso, no puede haber gente que siga discriminado a la mujer con argumentos de otro sigo y otro tiempo” y “debemos ser una sociedad madura, que sabemos que las personas no son máquinas”.
Moreno ha explicado que “el debe que nos queda” es la reducción del IVA de productos de higiene menstrual “que son de primera necesidad” pero “no ha habido acuerdo con la otra parte del Gobierno” lo que demuestra, ha dicho, que “hay que seguir luchando”.
Respecto al coste que supondrá esta Ley ha afirmado que se trata de 104 millones, mientras que la reducción del IVA no aprobada hubiera conllevado otros 30; de esos 104 la mayor parte va a las bajas pre-parto (57 millones) y a las que se pidan por mestruación (28), mientras que el garantizar el aborto en el sistema sanitario público se ha presupuestado en 7 millones.
