El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), Andrés Martínez Arrieta, ha defendido que el derecho penal llegue cada vez a más ámbitos, como los delitos económicos y sociales; y ha subrayado que los jueces ejercen el papel de “dique de contención” ante el populismo y las corrientes que reclaman penas de cárcel más altas.
Martínez Arrieta ha hecho estas declaraciones antes de participar en un acto sobre el papel del derecho penal, organizado por la Universidad de La Rioja (UR) y en el que ha participado también el catedrático de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco Norberto de la Mata.
“Si el de derecho penal sirve para algo, es para solucionar conflictos y hay que incrementar su actividad para proteger a la sociedad con la única herramienta que tenemos, que es la cárcel para comportamientos antisociales”, ha asegurado este magistrado del TS.
Por ello, ha defendido que este ámbito de la Justicia “no solo sea para ‘robaperas’, si se admite la expresión”, y “afecte también a la criminalidad de cuello blanco, delitos económicos y sociales”.
Cree que incorporar esas cuestiones “implica a veces rebajar un poco el contenido de las garantías para dar más eficacia a la seguridad de la sociedad”, ya que “hay que dar seguridad para que exista libertad”, aunque “el derecho penal es muy rico, cada uno tiene sus ideas y otros opinan que por encima de la seguridad está la libertad”, pero “cabemos todos”.
Martínez Arrieta ha afirmado que, ante “demandas populistas” en aras a la seguridad, “estamos los jueces como dique de contención”, un papel que “la ciudadanía debería conocer” porque los magistrados “lo han ejercido frente a los vaivenes de los pensamientos sociales”.
Así, ha concluido, ahora mismo, “España tiene una legislación muy rígida en derecho penal y se puede suavizar en muchos aspectos”, pero “la sociedad ahora es más rígida que hace años y pide medidas coercitivas sobre la libertad”, aunque “es el juez el que está ahí para aplicar la ley”.
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Por su parte, De la Mata ha considerado que “el derecho penal siempre se ha explicado en base a unos principios tradicionales, de lesividad o última intervención”, pero, ahora, “las últimas exigencias sociopolíticas van relajando esos principios e incorporando figuras que no tienen que ver con el derecho penal tradicional”.
“No es solo un fenómeno de España, ocurre en Europa” en general, ha dicho este catedrático, para quien “el derecho penal está entrando en sectores a los que llegaba el derecho administrativo o el laboral”, algo que ha denominado “macdonalizar” este área jurídica, “en la que ya no hablamos de homicidios o delitos contra la libertad sexual, sino de una cantidad de cuestiones de las que se ocupaba el administrativo”.
Él “duda” de que algunas conductas “sean lo suficientemente lesivas y ofensivas para que intervenga el derecho penal, con las consecuencias que tiene”; y ha puesto como ejemplo el abandono del lugar de un accidente cuando hay un fallecido o la inducción a conductas de autolesión, adelgazamiento o el suicidio con un peligro lejano, que son “situaciones propias del derecho civil o administrativo”.
Porque la intervención de la jurisdicción penal “no es una garantía para el ciudadano” en sí misma y sí lo es que “intervenga cuando el resto de instrumentos hayan fracasado” porque “no se puede responder a conductas insignificantes con penas de prisión. Es entrar como un elefante en una cacharrería”.
“Sin duda, el populismo punitivo está a la orden del día” y cree que “la sociedad tiene que reaccionar y no demandar mayores penas para cuestiones que no la merecen y, luego, el legislador responderá porque lo que hace el Gobierno con sus reformas legales es responder a una demanda social”.
