La Comisión de Salud Pública retomará este viernes el debate sobre la nueva estrategia con la que se controlará la pandemia COVID-19 cuando remita la sexta ola, una nueva fase en la que los esfuerzos se centrarán en el seguimiento de los casos graves y los entornos vulnerables.
Los directores generales de Salud Pública tenían en el orden del día de su reunión de este jueves la presentación y aprobación de la “Estrategia de Vigilancia y Control frente al COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia”, un asunto que finalmente reanudarán este viernes junto con el protocolo de asistencia sanitaria a ciudadanos ucranianos. Dicha estrategia establecerá las medidas de control del COVID hasta que se implemente el sistema centinela con el que se vigilarán las infecciones respiratorias agudas, que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se han comprometido a instaurar antes del primer trimestre de 2023.
Sobre ella, tanto la ministra Carolina Darias como los consejeros autonómicos ya han adelantado que estará centrada en el seguimiento de los casos graves y en los “brotes epidémicos en entornos vulnerables, en riesgo de exclusión social y en otros ámbitos que se consideren de interés”, tal y como hicieron constar en la llamada “declaración de Zaragoza” que suscribieron la semana pasada.
Lo cual implica necesariamente una revisión de las medidas preventivas que han imperado en esta “fase aguda” de pandemia, como son los aislamientos, las cuarentenas, la distancia de seguridad, los rastreos o la realización generalizada de pruebas; es de lo que están discutiendo los directores generales con el objetivo de consensuar un escenario común hacia la normalización del coronavirus.
Además, el sistema transitorio de vigilancia tendrá que ser capaz de “detectar aumentos de la incidencia en la población general, que permita la detección de nuevas variantes y la medición de la efectividad vacunal”. Esta nueva fase de transición comenzará a aplicarse cuando se dé por superada la sexta ola; los últimos datos publicados el martes, a la espera de que se actualicen, arrojaron una leve subida de la incidencia de 1,4 puntos hasta los 432 casos por cada 100.000 habitantes, aunque ello sigue sin trasladarse a los indicadores de presión asistencial .
“Tenemos claro el cómo”, falta saber “el cuándo”, dijo al respecto Darias. Algo que también podrían desvelar mañana los directores generales de Salud Pública si aprueban definitivamente la estrategia. Pero la gran medida vigente de esta fase aguda siguen siendo las mascarillas aunque, a diferencia del resto de restricciones, están reguladas en un real decreto.
Varias comunidades se han posicionado ya a favor de relajar su uso o, al menos, de comenzar a planteárselo; hoy mismo, la Junta de Castilla y León cree que ya es “oportuno reflexionar” sobre ello una vez que la incidencia de la covid lleva dos semanas estabilizada en la comunidad y siguen bajando los ingresos hospitalarios. “Es necesario replantearse en qué momento, con que nivel de afluencias y en qué distancias”, ha subrayado este jueves el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha añadido que la decisión ha de tomarse “en conjunto con todas las Comunidades y de la mano de la opinión científica”.
Desde Cataluña, que aboga por una retirada progresiva empezando por las escuelas, el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, ha insistido en la necesidad de hacerlo pese al incremento que se está viendo también de la circulación de la gripe; dado que la normativa es de ámbito estatal, ha apostado por lograr consensos, que espera que estos lleguen en el próximo Consejo Interterritorial. Pero desde Sanidad reiteran solamente que su fin en espacios cerrados está más cercano y que “cada vez queda menos”.
