El Tribunal de Cuentas ha detectado “debilidades de control interno” en el área de presupuestos del Gobierno regional, según una de las conclusiones de su informe anual sobre la administración riojana, referido a 2019.
El informe del Tribunal, que se ha dado a conocer este viernes, alude en sus conclusiones a que se detectaron debilidades de control interno en las áreas de presupuestación, procedimientos y registros contables, gestión patrimonial, gestión ingresos o el gasto sanitario.
Asimismo, en relación con los sistemas de información no se han emitido certificaciones de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad ni se han establecido mecanismos de control para garantizar de forma efectiva el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, explica.
Detalla que la liquidación presupuestaria del ejercicio 2019 presentó un grado de ejecución de los gastos del 96 por ciento y un grado de liquidación de los ingresos del 94 por ciento.
No obstante, en la fiscalización se ha detectado la existencia de gastos devengados en ejercicios anteriores no registrados, en su mayor parte gastos sanitarios de la Consejería de Salud y farmacéuticos del Servicio Riojano de Salud (SERIS), por un importe de 18 millones de euros, y se han imputado a presupuestos de ejercicios posteriores gastos devengados en 2019 por importe de 20 millones de euros.
El remanente de tesorería de la administración de la comunidad, a 31 de diciembre de 2019, presentó un saldo negativo de 194 millones de euros que no reflejaba la verdadera situación financiera a corto plazo, al estar sobrevalorado, al menos, en 24 millones de euros, como consecuencia, principalmente, de la falta de registro de los saldos deudores de dudoso cobro.
El Tribunal de Cuentas explica que La Rioja incumplió el objetivo de estabilidad fijado para 2019, por lo que se elaboró un Plan Económico Financiero 2020-2021 que quedó finalmente sin aprobación por el Ministerio al haberse suspendido la aplicación de las reglas fiscales para los años 2020 y 2021 como consecuencia de la situación derivada de la pandemia por COVID.
Detalla que el periodo medio de pago global a proveedores del sector administrativo se situó en 2019 en 30,97 días, por encima ligeramente del plazo máximo de 30 días marcado en la normativa; y el endeudamiento financiero alcanzó a 31 de diciembre de 2019 un total de 1.607 millones de euros.
Este organismo incide en que los criterios de algunas subvenciones no estuvieron vinculados a parámetros de medición objetiva; y asegura que en el 2019 no se dio publicidad a un total de 341 ayudas de las ayudas de la administración regional, por valor de 31 millones de euros.
