La fiscal se ha opuesto, en el juicio iniciado este martes en Logroño a 20 acusados de presuntamente pertenecer a un grupo criminal de venta de drogas, a la solicitud realizada por varios de sus abogados de declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación previa.
En esta primera sesión, el abogado de un acusado ha pedido, al igual que otros letrados, la nulidad de las escuchas telefónicas, ya que su defendido no reconoce las mismas y, “si hubieran sido ciertas, se ha hecho por parte de la Policía una lectura voluntarista de lo que ahí se dice”.
La letrada de otro acusado ha considerado que estas intervenciones telefónicas son “una vulneración de la inviolabilidad de las comunicaciones”, por lo que “nunca se debieron autorizar estas intervenciones”.
Después de que varios abogados hayan realizado la misma solicitud, la fiscal ha mostrado su oposición a la misma por considerar que “el auto de las intervenciones telefónicas está motivado, ya que consigna los indicios más allá de la mera sospecha”; y ha incidido en que estas escuchas “no vulneran ningún principio”. Tras estas afirmaciones, el juicio se ha acordado un receso y la previsión es que los acusados declaren a lo largo de estos días.
En este juicio, que se aplazo ayer, día 13, ante las quejas presentadas por los letrados al entender que la sala no reunía las condiciones sanitarias suficientes por la covid-19, la fiscal pide para estos acusados penas que oscilan entre los 11 a los 3 años y medio de prisión; y multas desde los 160 euros a los 2,5 millones de euros.
La fiscal, en su escrito de acusación inicial, indica que este grupo de personas realizaba actividades de fabricación, almacenaje y distribución de sustancias estupefacientes, para lo que utilizaba domicilios de las localidades riojanas de Lardero, Villamediana de Iregua, Albelda de Iregua y Ausejo; además de las navarras de Mendavia y Estella y de la alavesa de Labraza .
La Policía de La Rioja recibió, en su momento, informaciones sobre la posible existencia de un punto de elaboración, venta y distribución de sustancias estupefacientes sintéticas, principalmente sulfato de anfetamina (speed) y metanfetamina, ubicado en un inmueble de dos alturas en Lardero.
Desde el 11 de diciembre de 2018 se estableció un dispositivo de vigilancia, del que resultó que a esa vivienda, en diversas franjas horarias, acudían un número significativo de personas, algunas de ellas relacionadas con el consumo o el tráfico de estupefacientes.
Tras semanas de investigación, se solicitó la intervención de los teléfonos del residente en la casa y de otro hombre que acudía habitualmente a ella y, en esa intervención, precisa el escrito del ministerio público, se detectaron conversaciones en las que se hacía referencia a cantidades y cobros y se utilizaban cautelas y lenguaje convenido con los interlocutores, con los que se concertaban encuentros.
Se determinó quién les suministraba estas sustancias que luego distribuían y se constató quién formaba la organización en diferentes escalones; y también se conoció la compra por parte de uno de los acusados de una casa en Labraza, sin intención de habitarla y para construir en ella un laboratorio de drogas.
Los investigadores precisaron el rol que, supuestamente, tenía cada uno de los acusados en la organización y, por ello la fiscal solicita, para quien se considera que estaba al frente, 11 años de prisión, 2 de ellos por su presunta pertenencia a un grupo criminal; y una multa de 2,5 millones de euros.
