La Ley ‘Rider’ se publicó el 12 de mayo en el BOE y ha entrado en vigor el pasado jueves 12 de agosto, impulsada por los sindicatos CCOO y UGT. La ley obliga a las empresas que ofrecen un servicio de reparto a contratar como asalariados a los repartidores haciendo que aquellos que trabajen como autónomos no puedan tener características de “laboralidad”.
Se estima que en España hay cerca de 30.000 ‘riders’ realizando un servicio de reparto de comida a domicilio. La ley pretende que estas plataformas ‘delivery’ transformen los puestos de trabajo en asalariados.
El trabajo de repartidor ha servido como complementación económica porque tenían otra vía de ingresos, como trabajo principal o como una ayuda económica de aquellos que cursan estudios universitarios. Gozaban de una organización del tiempo según cada uno dada a la flexibilidad, además de obtener un dinero extra.
Con la llegada de esta normativa los repartidores deben cumplir con unas horas y una cantidad de pedidos establecidas. Además de una representación legal siguiendo una serie de condiciones laborales regidas por las plataformas con acceso y mantenimiento de empleo así como una estructuración de diferentes perfiles.
Estos trabajos no están enfocados en la estabilidad ni en el mantenimiento económico personal, sino son complementarios a otros. Es por ello que esta ley puede acabar con el trabajo de muchos repartidores ya que es una alternativa laboral.
La compañía Deliveroo ha comunicado su marcha de España por las dificultades que ha supuesto esta ley. Glovo contratará a unos 2.000 repartidores en su plantilla y Just Eat ha negociado con los sindicatos las bases del convenio y está totalmente de acuerdo con la Ley ‘Rider’. A su vez, Uber Eats ha subcontratado a sus repartidores a través de otras empresas.
Aunque este colectivo sufre una fuerte precariedad laboral, una gran cantidad de repartidores prefieren continuar con las normas anteriores ya que tenían mayores beneficios aunque tuvieran peores condiciones laborales.
Un repartidor de Logroño ha mostrado su disconformidad ante la entrada de esta nueva ley. Llevaba trabajando para Uber Eats desde 2019 con más de 9.000 pedidos durante ese periodo de tiempo, pero con la llegada de esta normativa la compañía se ha desentendido de él. “Ni si quiera me han echado, simplemente he dejado de recibir pedidos. No han valorado ni la antigüedad ni el número de pedidos que he realizado”.
Este joven compatibilizaba ese trabajo con sus estudios para ganarse un dinero extra, ahora se ha cambiado de compañía y trabaja para Glovo y así poder seguir siendo autónomo. Añade que los contratos que han ofrecido son “basura” y “muy poco flexibles”, todo lo contrario a lo que eran antes porque los repartidores podían elegir los horarios y los pedidos que más les convengan.
“Desde Madrid se ha demandado a Uber Eats porque lo que está haciendo es ilegal ya que no nos han despedido como tal. Además, deberían ser las propias compañías las que establezcan esos contratos, no terceras personas”, continúa diciendo. “Yo ya no quiero volver a trabajar con ellos, porque he participado en la demanda”. A su vez, recalca que ese mensaje que lanza la compañía Uber Eats por sus redes sociales es falso y que la realidad trabajando es otra.
Asegura que nunca ha sentido esa explotación laboral que todo el mundo relaciona con los ‘riders’ porque tenía un buen sueldo. Para él, la explotación laboral está en trabajar 15 horas en un bar y cobrar 1.200 euros. Ha llegado a cobrar casi 2.000 euros en un mes con su trabajo y es él mismo quien decide sus vacaciones. Explica que si aceptara las condiciones que tienen esos contratos, tendría que dejar de estudiar ya que ahora gestiona sus horarios.
“No han gestionado bien esta ley porque solo han hablado con la patronal y tiene unos intereses muy diferentes a nosotros. Deberían haber escuchado a los repartidores antes de ponerla en vigor y el no hacerlo ha sido un gran fallo. Ahora se va a quedar mucha gente en la calle por esto”, concluye el repartidor de Glovo.
