Marea Blanca ha denunciado este viernes que en los últimos diez años se han producido 2.737 interrupciones del embarazo en La Rioja sin las garantías establecidas en la norma que las regula. Entre ellas, que se produzca en un centro público y dentro de la misma región.
La organización ha manifestado que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido legalmente y el Gobierno de La Rioja está obligado a hacerlo. “Tienen que cumplir con sensibilidad, teniendo a la mujer en el centro de sus actuaciones políticas, facilitar la información que solicitan sobre el tema y no a ocultarla”.
Por ello, han solicitado a la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, a la consejera de Salud, Sara Alba, y al Gerente del SERIS, Alberto Lafuente, su intervención inmediata para cumplir la Ley con todas las garantías. “Hay que tener en consideración la salud de las mujeres, que suponen más del 50 por ciento de la población. Dictaminen medidas para que se pueda ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos de La Rioja”, han señalado.
Marea Blanca ha declarado que es “inconcebible” y “sospechoso” que todos los facultativos del Servicio de Ginecología del Hospital San Pedro no atiendan las interrupciones voluntarias del embarazo, salvo los supuestos casos que suponen un peligro para la vida de la madre o de malformaciones graves del feto.
Además, ha criticado que no existe explicación para que desde 2010 la IVE se encuentre regulada legalmente dentro de las primeras catorce semanas y los distintos gobiernos no hayan establecido mecanismos alternativos dentro de la ley para evitar el dolor y la desesperación ocasionados a las mujeres que la solicitan. En este sentido, Marea blanca ha afirmado que este hecho supone “no considerar a las mujeres sujetos de pleno derecho con autonomía para decidir sobre su vida sexual y reproductiva”.
Por último, la organización ha acusado el carácter ideológico de los gobiernos de la derecha el motivo de esta dejación. “Han gobernado nuestra región durante un cuarto de siglo sin dar un paso firme en favor de que las mujeres decidan sobre su salud sexual y reproductiva”, han explicado, lamentando que después de dos años de la victoria del PSOE en las urnas, “un gobierno progresista y con una mujer como presidenta no haya resuelto este problema”.
