El pasado mes de septiembre, el Tribunal Supremo rebajó de once a dos años de prisión la condena al profesor riojano del colegio del Opus Dei Gaztelueta de Leioa (Vizcaya), el numerario José María Martínez Sanz, por un delito continuado de abusos sexuales entre 2009 y 2011 sobre el hijo del diputado del PSOE de La Rioja, Juan Cuatrecasas.
Este lunes, fecha límite en el plazo legal, la familia del joven ha presentado una petición en la que se solicita el ingreso a prisión del docente, puesto que el Código Penal dispone que no hay entrada de cárcel en caso de pena no superior a dos años si el acusado no tiene antecedentes, pero, la letrada de la familia Cuatrecasas, entiende que hay un tercer requisito al que no puede acogerse y que se refiere de la satisfacción de las “responsabilidades civiles”.
Con esto describe que la decisión de suspender la pena atiende a la peligrosidad criminal del condenado, subrayando la necesidad de seguridad colectiva y resocialización, o lo que es lo mismo, el riesgo social que supone dejar sin control y en libertad “a un pederasta condenado, que supone un mensaje de impunidad material al condenado y a la propia sociedad”, tal y como ha señalado la Junta Directiva de Asociación Infancia Robada, ANIR, de la que Juan Cuatrecasas es presidente.
Además, en el nuevo documento presentado este lunes, la abogada se apoya en la “gravedad de la conducta” por la que ha sido condenado el profesor riojano para solicitar su ingreso en prisión, que constituye “una grave violación de los derechos del niño a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar”. Sin olvidar qye “los abusos sexuales cometidos siendo docente, suponen “un atentado a uno de los pilares básicos de nuestra sociedad como es el derecho a la educación”.
Precedentes en casos de trascendencia pública
La letrada de la familia Cuatrecasas ha reforzado su alegato con la presentación de tres caso de trascendencia pública en los que se decidió ordenar el ingreso en prisión a pesar de ser una condena de dos o menos años.
Los ejemplos expuestos son el “caso Matas”, expresidente de Baleares implicado en tramas de corrupción; “caso Pallerols”, vinculado a la financiación ilegal del partido político Unión Democrática de Cataluña (UDC); y el “caso Pantoja”, donde la artista se vio envuelta en el escándalo del “caso Malaya”, una operación contra la corrupción urbanística en España.
En todos estos procesos el tribunal alegó que las penas debían cumplir su función de “servir de freno a posibles conductas futuras del propio condenado y de terceros.
“Todas estas resoluciones judiciales refuerzan los argumentos de que la concesión del beneficio de suspensión de la pena no es admisible cuando el condenado no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento, haciendo públicas sus críticas a las sentencias condenatorias. Pocos delitos hay más graves que los delitos de abusos sexuales cometidos contra menores de edad por quienes tienen la obligación de cuidar y velar por ellos”.
Confesiones de la víctima
Diez años después de que se produjeran los hechos, el joven Juan Cuatrecasas, hoy con 24 años, habla por primera vez de sus sentimientos y sensaciones en elDiario.es.
Explica que lo que más le quita el sueño no es que Martínez Sanz entre en prisión, sino que que la gente considere que “lo que yo cuento no es real o que le quiten importancia”.
En cuanto a la sentencia del Supremo, el joven reconoce que la ha asumido “como que no me han creído o que me han creído con matices. Lo considero como algo humillante, como que me han ninguneado”. Además, cuenta el miedo que le provocaba contarlo, el bullying sufrido y cómo se encuentra actualmente.
